Polémica en Italia por la posible amnistía para los corruptos con motivo del Jubileo
La clase política italiana parece atrapada en un nuevo laberinto: cómo redactar una ley de amnistía que vacíe las cárceles superpobladas del país y responda a la propuesta de perdón adelantada por el Papa en este Jubileo de 2000. Y, sobre todo, cómo hacerlo sin que parezca que lo que se prepara es una ley de "borrón y cuenta nueva" para limpiar las biografías de quienes en su día fueron condenados en el gran escándalo de corrupción política y financiera conocido como Tangentópoli. El tema se ha convertido en una patata caliente para el Gobierno de centro-izquierda y para la oposición. Unos y otros dudan de dar el primer paso en favor del indulto, temerosos del efecto negativo que pueda tener esta decisión en la opinión pública. La palabra amnistía lleva meses en el aire, aunque los italianos de a pie siguen siendo reacios a digerir el tema. Un 35% de los preguntados por la empresa milanesa Datamedia sobre la oportunidad de conceder un indulto están a favor de esta medida de clemencia, mientras un 32,4% se pronuncia en contra y un 23% se declara completamente indiferente. Amnistías ha habido ya muchas en Italia. La última fue la otorgada por el Gobierno de Giulio Andreotti en 1990. La situación hoy, tras el escándalo de Tangentópoli que barrió del mapa a una clase política y salpicó a decenas de empresarios, es más compleja y también más confusa, algo que se refleja en los frentes que apoyan y los que critican una ley de este tipo.
La amnistía la pide el Vaticano, espoleado por la Conferencia Episcopal italiana, cuyo presidente, el cardenal Camillo Ruini, la reclamó abiertamente en mayo pasado, apelando a la necesidad de que el Gobierno asuma el espíritu de perdón que se desprende del Jubileo, que el 9 de julio estará dedicado a los presos. Pero también la ven con buenos ojos numerosas autoridades del Estado. Empezando por el presidente de la Cámara de Diputados, el excomunista Luciano Violante, que ha invitado al papa Juan Pablo II a pronunciar un discurso ante el Parlamento italiano ese mismo día.
Razones prácticas
Las razones que inducen al Gobierno a estudiar una nueva amnistía (sería la número 25 en la historia reciente del país) son también de índole práctica. En las cárceles italianas se hacinan más de 53.000 presos (un tercio de los cuales son toxicodependientes), cuando la capacidad de estos centros, la mayoría viejos caserones de los siglos XVIII y XIX, es de poco más de 43.000 internos. No es casual que uno de los principales defensores de la medida de clemencia sea el actual director general de Prisiones, Giancarlo Caselli, ex fiscal antimafia de Palermo y antiguo comunista. Caselli ha citado incluso el Antiguo Testamento en apoyo de su tesis y se ha referido a la "experiencia del Jubileo", nacida "para borrar las profundas injusticias y desigualdades... cancelando las deudas y perdonando las culpas". En vísperas de un verano caliente en el que se prevén revueltas en las prisiones, como la que ya se produjo en abril pasado en la cárcel de San Sebastiano de Cerdeña, el nuevo responsable de prisiones se encuentra más próximo al Papa que a sus ex colegas de la judicatura.
En estos momentos, el único obstáculo grave a la ley de amnistía lo ha puesto el juez más importante de Italia, el fiscal de Milán, Francesco Saverio Borrelli, quien ha minimizado la presión del Papa. "No veo qué tiene que ver el Vaticano con los asuntos internos del Estado italiano", ha dicho. El juez ha criticado la iniciativa de clemencia que promueven dos ex convictos: el empresario Sergio Cusani, uno de los condenados por Tangentópoli, y el ex terrorista de Primera Línea Sergio Segio.
