La venta de las acciones de la BBK y la Kutxa en Airtel abre un conflicto entre las diputaciones
Las tres diputaciones se han visto envueltas en un nuevo enfrentamiento por su forma muy distinta de ver la tributación de las espectaculares plusvalías que va a suponer para la BBK y la Kutxa la venta a Vodafone y BT de sus respectivas paquetes de acciones en la operadora Airtel. Tales plusvalías van a suponer para las haciendas vizcaína y guipuzcoana, no así la alavesa, la recaudación de 113.000 millones de pesetas, ingresos que pueden obligar a las tres diputaciones, también Álava, a aumentar sus aportaciones al Gobierno de acuerdo con la Ley de Territorios Históricos. Las instituciones forales interpretan de forma bien diferente si estos ingresos deben quedar al margen de ese reparto o no.
La polémica parte de una operación redonda para las cajas de Vizcaya y Guipúzcoa. Ambas han accedido a vender sus participaciones en la compañía telefónica Airtel a las británicas British Telecom (BT) y Vodafone Airtouch. La BBK cederá su 4,76%; la Kutxa, su 4,01%. El resultado serán unas plusvalías de 190.000 y 160.000 millones, respectivamente. Pero no todo este dinero lo ingresarán las cajas.El Impuesto de Sociedades obliga a ambas entidades a tributar el 32,5% a sus respectivas haciendas, es decir, que la Diputación de Vizcaya recaudará 61.750 millones de pesetas y la de Guipúzcoa obtendrá 52.000 millones. En principio, cabe esperar que el pago fiscal se practicará en varios años. Se trata de una operación sin precedentes, con unas cifras espectaculares. Basta recordar que el presupuesto de gestión de este año en la Diputación de Vizcaya alcanza los 109.000 millones y el de Guipúzcoa, los 77.000 millones.
La operación no queda ahí. También podría afectar a todo el entramado institucional vasco. La Ley de Territorios Históricos (LTH) establece que cada diputación debe aportar al Gobierno vasco el 66,25% de su recaudación total, y que la cantidad restante se reparte al 50% entre la Diputación correspondiente y los ayuntamientos. El enfrentamiento surgió ayer, cuando los gobiernos forales dieron sus diferentes interpretaciones de la situación creada. También se unen unas connotaciones políticas: en Álava gobierna el PP y en los otros dos territorios, el PNV.
Vizcaya considera que el dinero obtenido de la venta de las acciones es "una recaudación pura y dura", por lo que aseguró que se trata de un "ingreso normal", según aseguró un portavoz oficial de la Diputación. Esto significaría que Álava, donde la Caja Vital no tenía participaciones en Airtel, debería aumentar también sus aportaciones a pesar de que este año no tenga un aumento en la recaudación tan exagerado como las otras diputaciones. El gobierno foral de Josu Bergara invitó a Álava a recurrir al Fondo de Solidaridad, previsto cuando una de las tres haciendas obtiene ingresos muy inferiores a los previstos al comenzar cada ejercicio.
Álava no comparte este criterio. El punto de vista de su diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate, apunta a que se trata de "una operación excepcional" y, por tanto, "debe tener un trato excepcional en la Ley de Aportaciones". "Si le ha tocado la lotería nos complace mucho, pero no debemos pagar nosotros parte del premio", comentó ayer. Según sus cálculos, si la venta de acciones de Airtel entrara en el reparto, la Diputación de Álava "perdería 5.000 millones" y los ayuntamientos de la provincia, "otros 2.000 millones".
Zárate entiende que el caso de Airtel no figura tipificado en la legislación y, por tanto, se debería regular cambiando la Ley de Aportaciones. Mientras tanto, cree que debe quedar al margen.
El Gobierno foral de Vizcaya no está en absoluto de acuerdo. "No puede ser que la ley valga para unos casos sí y para otros no. Habría que recordar los 7.000 millones al año que recauda la Hacienda alavesa por las retenciones de los vizcaínos que trabajan en el Gobierno vasco, en Vitoria, y por la deuda pública vasca. Es una situación atípica, porque luego es Vizcaya quien paga a los que hay que devolver dinero en la declaración de la Renta", apuntó un portavoz de la institución foral. La Hacienda de Vizcaya no es partidaria de hacer ningún cambio en la Ley de Aportaciones hasta que haya que negociarla de nuevo entre las tres diputaciones. "Pero si hay que cambiar algo, que no sea sólo por esta circunstancia. Debe entrar todo", dijo dicha fuente.
Matices a la polémica
Hay otros matices que pueden alterar la polémica. Por un lado, el Concierto Económico marca una pauta por la cual, en caso de que no exista un acuerdo entre las instituciones, no se puede obligar a una diputación a aumentar su aportación con respecto al año anterior.
Por otro lado, el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Antton Marquet, introduce un elemento novedoso en el debate, pues sostiene que el cambio de títulos de Airtel a Vodafone "no tiene efectos tributarios" para las entidades de crédito, informa Mikel Ormazabal. Si se confirma el intercambio de acciones como pago por el paquete de las dos cajas vascas, "la recaudación sería cero", advierte Marquet, para quien la tributación de las plusvalías no se ejecuta hasta el momento de ingresar los beneficios generados por la inversión en Airtel.
Marquet asegura que la Hacienda guipuzcoana ha permanecido muy atenta a esta operación, por su "elevada repercusión recaudatoria". Sin embargo, su departamento cree que la decisión de la Kutxa de colocar sus acciones en Vodafone sortearía la tributación y sólo tendría que tributar cuando la entidad ahorradora decidiese en un futuro vender la participación que obtendría en la firma británica.
