Rouco dice que no sería "justo ni oportuno" reconocer que la Iglesia apoyó a Franco

Otra vez el jardín de los perdones de la Iglesia católica. El cardenal Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se unió ayer "de corazón" a las peticiones de perdón realizadas por el Papa, pero descargó a la jerarquía española de esa generosidad penitencial. Rouco lo dejó claro, por si quedaba alguna duda: no habrá nunca una petición de perdón de la Iglesia por su implicación en la guerra civil de 1936, que Roma santificó como cruzada, ni por el apoyo de la jerarquía a la dictadura posterior. "Nos parece que no hubiera sido justo ni oportuno entrar en juicios históricos de esa naturaleza", dijo ayer en la asamblea plenaria de la CEE. Rouco anunció también que tratará de organizar mejor, "unificándolos y agilizándolos", los procesos de canonización de miles de víctimas de la guerra civil que la Iglesia considera mártires.

Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, quiso ayer demostrar que la Iglesia española, negándose a pedir perdón por su apoyo al golpe de Estado de 1936 y a la cruenta dictadura del general Franco, no ha hecho otra cosa que quedarse en el virtuoso medio de otras dos posiciones extremas.La de "algunos" que, según dijo Rouco en su discurso a la 74ª asamblea plenaria de la CEE, "hubieran querido escuchar de nosotros una justificación, si no una glorificación de aquellos hechos". Y la de "otros" que "ha+n echado en falta una autoinculpación de la Iglesia como causante de la ruptura de la paz y como sostenedora del régimen político implantado por los vencedores", afirmó textualmente.De la reclamación de los primeros aludidos por el cardenal, desaparecida la famosa Hermandad Sacerdotal excombatiente, no se tiene noticia, y entre los que sí han reclamado a los obispos ese gesto penitencial (la Asociación de Teólogos Juan XXIII), o lo han proclamado ellos mismos con una petición de perdón expresa y rotunda (la poderosa Confederación Española de Religiosos), ninguno ha llegado tan lejos en la autoinculpación como para, según dice el presidente de los obispos, señalar a la Iglesia como "causante de la ruptura de la paz".

La petición del Papa

Lo cierto es que Rouco defendió ayer, con rotunda firmeza, el documento La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, del pasado 2 de diciembre, en el que los obispos españoles excluían a la Iglesia de la petición de perdón por la guerra civil con el argumento de que "la Iglesia fue también víctima". Pero el discurso del cardenal produjo el resultado contrario. Además de reabrir un debate que parecía olvidado, desveló una cierta inseguridad del episcopado sobre la eficacia de aquel documento, más tarde rotundamente superado por el leído por el Papa el pasado 12 de marzo con el título Memoria y reconciliación. La Iglesia y las culpas del pasado. La titulación de ambos documentos, el español y el emitido por Juan Pablo II, es suficiente para demostrar la distancia de sus contenidos.

Al cardenal, "las causas y las consecuencias" de la Guerra Civil le parecen "complejas" y no quiere "simplificar los hechos para obtener determinados rendimientos políticos o ideológicos". "El futuro no se construye sobre falsificaciones de la historia", remachó Rouco. Así que ni alabanzas para los obispos que embarcaron a la Iglesia en la terrible cruzada fratricida de 1936 y proclamaron al implacable dictador como "protocanónigo" de una basílica romana, ni dar gusto a quienes querrían un gesto de arrepentimiento, necesario para la reconciliación. "No hemos querido hacer ni lo uno ni lo otro. Nos parece que no hubiera sido justo ni oportuno", añadió el presidente de la CEE antes de afirmar que la jerarquía sí que ha pedido "perdón a Dios por todas las acciones contrarias al Evangelio de la paz y de la misericordia cometidas por los españoles de un lado y otro de los frentes bélicos, por tanto, también de los católicos de cualquier estado y condición".

El presidente de los obispos proclamó, además, que "no se trata de buscar culpables", y "mucho menos cuando determinados acontecimientos históricos aún son capaces de dividir y enfrentar a las gentes y a los pueblos". Lo malo es que el siguiente párrafo del discurso de Rouco se apunta a la conocida teoría preconciliar de considerar la guerra civil de 1936-39 como "la última persecución religiosa del siglo". Rouco dijo a los obispos: "En esta asamblea vamos a tratar del modo de organizar -unificándolos y agilizándolos- los procesos de canonización de algunos de los numerosos hermanos y hermanas en la fe que dieron su vida por Cristo en los trágicos acontecimientos de la guerra civil". Pero el propio Rouco puso de inmediato la venda en la herida de esas honras canónicas: "No deben inducir a nadie a reabrir viejas heridas ni a justificar la violencia como arma política", dijo.

Respecto a las numerosas peticiones de perdón oficiadas por el Papa durante su pontificado y, en concreto, sobre la jornada penitencial del 12 de marzo, el cardenal de Madrid ofreció una de cal y varias de arena. Empezó con un "nos unimos de corazón a la iniciativa del Santo Padre, y pedimos perdón con él por lo que atañe a la Iglesia en España y a sus hijos en el último milenio", para más tarde advertir que "la Iglesia no trata primeramente de agradar a los hombres al revisar su pasado", sino que sólo "se examina ante Dios".

"El compromiso con la verdad no nos puede poner en conflicto con la caridad. Nosotros no debemos creernos superiores a nuestros hermanos del pasado ni del presente. Sólo Dios juzga la responsabilidad moral subjetiva; sólo él sabe lo que cada uno ha dejado de hacer o ha hecho culpablemente", añadió el cardenal Rouco, con una postura que evoca la de los cardenales italianos conservadores que han criticado al Papa por corregir a los predecesores, dejando en evidencia sus equivocaciones.

"Una nueva situación política y social"

El 12 de marzo pasado se produjo el fin de una historia, según el cardenal Rouco. El presidente de los obispos coincide con los que creen que, después de las recientes elecciones, se ha creado "una nueva situación política y social". Lo dijo ayer el cardenal en su discurso de apertura de la asamblea anual de la Conferencia Episcopal, antes de comunicar a sus colegas que, "como es habitual", él mismo y el secretario general de la CEE, Juan José Asenjo, habían felicitado "sinceramente" al presidente del Gobierno en funciones, José María Aznar, "cuya formación política obtuvo la confianza claramente mayoritaria de los españoles para una nueva legislatura".

El cardenal de Madrid, además de los asuntos del Jubileo de 2000, adelantó a la asamblea eclesiástica otros temas "importantes" que deben ocupar los trabajos de esta semana, en especial un "examen de conciencia" sobre la "familia y la vida". Rouco cree que "ha llegado el momento de hacer una revisión más a fondo de la situación y de ofrecer unas orientaciones más abarcantes y sistemáticas sobre estos temas tan delicados y de tan decisiva importancia".

"Están en juego el presente y el futuro de la Iglesia y de la sociedad", proclamó el cardenal, quien antes había enumerado "las amenazas que se ciernen sobre la familia y sobre la vida humana": la legislación sobre el divorcio, la despenalización "del crimen del aborto", ciertas técnicas de reproducción artificial, las uniones de personas del mismo sexo o las campañas en favor de la legalización de la eutanasia.

Según Rouco, "se puede hablar casi de una nueva situación cultural". "¡Tantos son los cambios que se van introduciendo en la concepción de la persona humana, de la libertad, de las relaciones conyugales y extraconyugales, de las relaciones paternofiliales, de los medios y del sentido de la procreación y del papel del Estado en todas estas cuestiones!", exclamó literalmente ante los obispos.

Otra vez la asignatura de la religión

"Algo tendrá que ver la ausencia en estos últimos años de una enseñanza en valores", dijo ayer el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Asenjo. Se refería a los últimos brotes de violencia juvenil o racista, sobre los que se le preguntó después de que el prelado comunicase que él mismo iba a informar a la CEE sobre las conversaciones con el Gobierno de Aznar "en los últimos meses" para resolver de una vez el conflicto de la asignatura de religión.

El cardenal Rouco también se refirió a ese asunto en el discurso inaugural de ayer. "Es necesario avanzar en el establecimiento de las condiciones adecuadas para que los padres puedan ejercer sin problemas el derecho que les asiste a procurar que sus hijos reciban una formación religiosa acorde con sus propias convicciones y dignamente integrada en el sistema educativo", dijo.

En opinión de Rouco, cuando se reanude "el diálogo" con el próximo Gobierno hay que encontrar una "solución adecuada del problema del estatuto académico de la clase de religión y moral católica, acorde con el Acuerdo entre la Santa Sede y España y respetuosa de los derechos de todos".

El Gobierno de Aznar tiene ya un borrador de proyecto para que los escolares españoles puedan escoger entre una asignatura de "Enseñanza religiosa" y otra de "Valores cívicos", ambas evaluables y obligatorias en el currículo. Pero ese proyecto rectifica de manera radical el actual sistema de la enseñanza de la religión, que el proyecto de Real Decreto ultimado por el Ministerio de Educación y Cultura desmontaba sin contemplaciones.

El nuevo modelo, de llevarse adelante, además de ceder plenamente a las exigencias de los obispos, volvería la espalda a varias sentencias del Tribunal Supremo reabriendo lo que se conoce como la guerra de religión.

El modelo actual

Constitucionalizada la neutralidad del Estado, la enseñanza de la religión se ajusta ahora a este criterio: es una asignatura de oferta obligatoria por los centros, pero los alumnos tienen libertad para recibirla. Además, no es evaluable ni figura en el currículo. De esa declaración de principios, los Gobiernos del PSOE dedujeron que la "alternativa" a la clase religiosa podía ser o nada (es decir, el recreo de los alumnos), o la asistencia a una clase cuyo contenido se decidió después de consultar con personas de la calidad universitaria de Victoria Camps, Gregorio Peces Barba, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Olegario González de Cardedal y Pedro Martínez Montávez.

Aznar, cuando estaba en la oposición, descalificó ese sistema diciendo que la alternativa estaba siendo la de "jugar al parchís", pero el Tribunal Supremo sentenció su legalidad.