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Un estudio denuncia que una de cada cuatro mujeres encarceladas en España es gitana

El informe, financiado por la Comisión Europea, asegura que el sistema penal las discrimina

Amaya Iríbar

La población gitana apenas supone un 1,4% de la española. Pero en las cárceles de mujeres ese porcentaje aumenta hasta el 25%, una de cada cuatro, según un estudio financiado por la Comisión Europea y presentado ayer en Madrid. El Informe Barañí -en referencia al nombre que se da en caló a la cárcel de mujeres- concluye que esa presencia de las gitanas en prisión responde en gran parte a la pobreza, la discriminación "cotidiana y profunda" que sufre el colectivo -incluso ante el sistema penal- y la identificación entre gitano y criminal.

La diferencia entre la presencia de gitanas en la sociedad y en las cárceles iguala a este grupo con otros "tradicionalmente discriminados". Es el caso de la población negra de EEUU, que representa el 13% de la población estadounidense, pero alcanza el 50% en sus prisiones federales y estatales, según datos hechos públicos en febrero.De las alrededor de 4.000 mujeres encarceladas en España, entre 800 y 1.000 son gitanas, calcula el estudio, un número que ha crecido a medida que aumentaba la población reclusa femenina, que en 1987 apenas suponía el 5% del total, sin contar las cárceles catalanas, y hoy registra la tasa más alta de Europa (más del 9% de la población reclusa). Averiguar el dato exacto de cuántas gitanas hay en prisión es casi imposible, ya que ningún organismo oficial registra la etnia de los presos.

Casi todas estas mujeres están en la cárcel por delitos contra la propiedad -robo y hurto- y contra la salud pública -venta de drogas-, una situación que se repite en la población reclusa general. Pero el grupo estudiado sufre condenas inusualmente largas -6,7 años de media- y casi nunca goza del beneficio de la libertad provisional, ejemplos que para los autores del estudio muestran su discriminación. Con las mujeres gitanas "hay un uso desproporcionado de la prisión preventiva", asegura María Naredo, una de las autoras de la investigación, y se apoya en un dato extraído del propio estudio: el 82% de estas mujeres pasan del juzgado de guardia a la prisión, algo que no ocurre con otros reclusos. Además más de la mitad de estas mujeres se sintieron acosadas por la policía y maltratadas en comisaría. El informe concluye que esta situación responde a una "triple discriminación": son gitanas, mujeres y pobres. "El sistema penal discrimina a los más desfavorecidos", asegura Naredo, "no sólo a las mujeres gitanas".

La condena de las drogas

"Fui a la escuela pero me tuve que quitar muy pronto", asegura Noemí, 24 años, dos hijos, un caso típico recogido en el informe. Está en la cárcel por vender droga, una condena que lleva a esta situación al 60% de las presas gitanas. Se casó a los 15 años; vendió en mercadillos, como sus padres, pero se pasó a la droga. Al menudeo. "Me hacía mucha falta para mis hijos", asegura. "Yo estoy aquí por tener antecedentes", asegura, "no hay pruebas". Su marido está en libertad, pero pasó por la cárcel. El 62% de las gitanas presas tiene un familiar en prisión.

Noemí se acerca al perfil que Proyecto Barañí dibuja de estas mujeres: está casada (49,3%), es madre (87,3%) y tuvo su primer hijo a una edad temprana (la media de las encuestadas se sitúa a los 18 años), vive en una barriada urbana (77%) y carece de estudios (el 32% no sabe leer ni escribir y otro 28% sabe leer a duras penas). Pero no está enganchada a la droga, al contrario que el 49% de sus compañeras gitanas encarceladas, que son o han sido consumidoras.

El estudio se basa en 292 encuestas realizadas en 12 cárceles con más de 100 reclusos, así como 24 entrevistas a juristas y funcionarios penitenciarios, gitanos que nada tienen que ver con la cárcel y ex presas. De ellas, los autores han extraído posibles soluciones: formar a las fuerzas de seguridad y a los profesionales del derecho sobre la realidad del colectivo, evaluar sus actuaciones y fomentar las medidas alternativas a la cárcel. Y, sobre todo, hacer visible a un colectivo que, dicen, está poco representado en la sociedad, pero abarrota las cárceles.

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Sobre la firma

Amaya Iríbar
Redactora jefa de Fin de Semana desde 2017. Antes estuvo al frente de la sección de Deportes y fue redactora de Sociedad y de Negocios. Está especializada en gimnasia y ha cubierto para EL PAÍS dos Juegos Olímpicos y varios europeos y mundiales de atletismo. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene el Máster de periodismo de EL PAÍS.

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