Los jueces de Florida obligan a las tabacaleras a indemnizar a medio millón de enfermos

El Tribunal Supremo de Florida ha cerrado la última salida que le quedaba a la industria del tabaco para evitar el pago de una avalancha de indemnizaciones multimillonarias a los fumadores enfermos de dicho Estado. Los magistrados han desestimado en la noche del lunes una apelación de las tabacaleras y han dado luz verde para que la demanda interpuesta en representación de medio millón de afectados prosiga de forma colectiva en vez de individual. La decisión puede costarle a la industria del tabaco entre 200.000 y 500.000 millones de dólares (entre 32 y 80 billones de pesetas).

A la larga, el perjuicio económico derivado de la decisión judicial es incalculable, ya que éste es el primer caso en la historia estadounidense en el que los demandantes son los propios fumadores. El fallo establece además un precedente para que en otros estados o países se presenten querellas similares.La decisión de los siete jueces del Supremo facilita considerablemente a los fumadores de Florida la petición legal de daños, que ahora sólo tendrán que - en vez de iniciar un pleito desde cero contra las tabacaleras- identificarse ante los tribunales como miembros de la demanda colectiva y demostrar que merecen una suma por daños compensatorios por las enfermedades causadas por el tabaco. Esto automáticamente les cualifica para obtener daños punitivos, que son la parte más cuantiosa de las indemnizaciones.

La cantidad exacta a pagar se tendrá que determinar en la segunda fase del histórico juicio que se sigue en el tribunal ordinario de Miami desde hace casi dos años, y que se reanudará en tres semanas. El jurado, formado por seis ciudadanos, en cuyas manos estará la suerte final de las tabacaleras, es el mismo que en el mes de julio emitió un veredicto declarándolas culpables por "conspirar para ocultar los peligros de fumar y por actuar fraudulentamente manipulando los niveles de nicotina para crear adicción a sabiendas del daño que causaban". La acusación había exigido ya entonces una indemnización de unos 32 billones de pesetas, aproximadamente la tercera parte del PIB de España.

Este veredicto también tuvo eco en medios jurídicos españoles. Diversos juristas consultados por este pèriódico consideraron que la sentencia proporcionaba armas legales a los fumadores enfermos para lograr una indemnización.

Manteniendo el argumento de que fumar es un acto voluntario, la industria movilizó entonces un ejército de abogados para bloquear o anular el veredicto. El objetivo de las tabacaleras era dilatar el proceso al máximo y, en el marco de esta estrategia, iniciaron una serie de apelaciones, incluida la recusación del juez, que en algunos casos les fueron favorables pero que ahora han quedado anuladas con la decisión del Tribunal Supremo.

Ahora el juicio seguirá en nombre de los al menos medio millón de enfermos (el pleito lo entablaron originalemente nueve fumadores en nombre de "todos" los afectados del Estado). Según el portavoz del tribunal, la fase actual puede durar dos meses.

En el banquillo de los acusados se sientan Philip Morris, RJ Reynolds Tobacco Holdings, Brown and Williamson, Lorillard, Ligett, Brooke Group, así como el Council for Tobacco Research y el Tobacco Institute.

La actuación de los magistrados provocó ayer una nueva caída en bolsa de los valores correspondientes a la industria del tabaco que ya habían acusado un importante descenso ante el temor suscitado por las perspectivas de nuevos pleitos. Así por ejemplo, las acciones de Philip Morris -líder de la industria- experimentaron una caída de 1.94 dólares, hasta los 21.50 dólares. Las de Reynolds Tobacco Holdings -segundo grupo en importancia- cayeron 0,56 dólares hasta alcanzar los 16.75 dólares.

Demanda desestimada

Coincidiendo con el fallo del Supremo de Florida, las acosadas tabacaleras pidieron a un juez federal que desestimara otra demanda presentada por Janet Reno, secretaria de Justicia, en nombre del Gobierno federal, en la que les acusa de "conspirar durante décadas para engañar al público sobre los riesgos del tabaco".

En la acción legal iniciada en septiembre, el Gobierno de Bill Clinton busca una compensación de los gastos en los que ha incurrido el departamento de sanidad por tratar las enfermedades derivadas del tabaco. De ganar en los tribunales, esta demanda supondría el último clavo en el féretro de la industria tabacalera, ya que potencialmente tendría que indemnizar a todos los fumadores de un país de 250 millones de habitantes. La cifra de indemnización mínima ascendería, según la demanda de Reno, a 20.000 millones de dólares (unos 330.000 millones de pesetas) por cada año, que equivale a la cantidad que se gasta el Gobierno en atender a los enfermos a causa del tabaco y en compensaciones derivadas de las 400.000 víctimas anuales que se cobra el tabaco en EEUU.

En otro caso la industria llegó hace dos años y medio a un acuerdo con los Estados por el que accedió a pagar unos cuatro billones de pesetas.