Álava vulneró su normativa al conceder incentivos fiscales incompatibles a Daewoo y Ramondin

La Diputación de Álava no sólo vulneró las normas europeas de la competencia con los cuantiosos incentivos fiscales concedidos a la empresa Daewoo -el crédito fiscal del 45% de la inversión y las llamadas vacaciones fiscales-, sino que incumplió su propia normativa. La disposición de los presupuestos forales que introdujo dicho crédito fiscal establecía taxativamente que su aplicación es "incompatible con cualesquiera otros incentivos tributarios existentes por razón de las mismas inversiones". La acumulación de ayudas se repite en el caso de Ramondin. El expediente sobre esta empresa lo resolverá la Comisión Europea la próxima semana, aunque ya se ha anunciado que el fallo será similar al de Daewoo.

La anulación por la Comisión Europea de gran parte de las ayudas concedidas por el Gobierno vasco y la Diputación alavesa a Daewoo, al considerarlas contrarias a la libre competencia, ha permitido conocer que el anterior equipo de gobierno foral vulneró su propia normativa. Este incumplimiento se da también en el caso de la empresa Ramondin -líder mundial en la fabricación de cápsulas de estaño para botellas, que ha trasladado sus instalaciones de Logroño a Laguardia-, cuyo expediente será estudiado el próximo miércoles por la Comisión Europea, según informó ayer un portavoz. No obstante, la propuesta de resolución elaborada por los jefes de gabinete del Colegio de Comisarios es netamente adversa para los intereses de las instituciones vascas y renueva los argumentos que motivaron el fallo del pasado febrero contra las ayudas a Daewoo. Es decir, que rebasan ampliamente el tope máximo de subvenciones asignado por la UE a Álava en en el mapa de ayudas regionales, por lo que son ilegales. La Diputación alavesa, dirigida entonces por el PNV y EA, acumuló sobre las inversiones en activos fijos realizadas por la empresa coreana en su planta de frigoríficos de Vitoria y en las nueva planta de Ramondin en Laguardia ambos beneficios tributarios. El crédito fiscal para grandes inversiones (de más de 2.500 millones) permite recuperar el 45% de lo invertido en activos fijos a través de los impuestos que debería pagar la empresa beneficiaria, mientras que las vacaciones fiscales establecen para las sociedades que inician su actividad empresarial deduciones del 99%, 75%, 50% y 25% de la base imponible del Impuesto de Sociedades, a partir del primer año que obtengan beneficios. Se da la circunstancia de que estos dos tipos de ayudas fijadas por las tres diputaciones han sido anuladas por "desproporcionadas" y "discriminatorias" por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aunque las sentencias no son firmes al haber sido recurridas ante el Tribunal Supremo.

Incompatibles

Sin embargo, las normas forales que regulan ambos beneficios contemplan de forma expresa la incompatibilidad entre sí y con otros incentivos fiscales. En concreto, el punto cinco de la disposición adicional undécima de los presupuestos de Álava para 1998 señala: "El crédito fiscal reconocido en la presente disposición será incompatible con cualesquiera otros incentivos tributarios existentes por razón de las mismas inversiones". La misma reserva se establece en la norma del Impuesto de Sociedades para las vacaciones fiscales.

El PP, ahora al frente de la Diputación de Álava, es partidaria de revisar la cuantía de estos incentivos, a la vista de los pronunciamientos desfavorables del Tribunal Superior vasco y de la Comisión Europea, que ha abierto a su vez un procedimiento general de infracción contra ellos. La utilización por las diputaciones de tales ayudas, cuya utilidad para atraer inversiones foráneas ha sido por otro lado muy limitada, ha situado al Concierto Económico bajo sospecha en las comunidades limítrofes y en Bruselas. El Tribunal Europeo de Luxemburgo debe pronunciarse en los próximos meses sobre la adecuación de la fiscalidad de las empresas vascas a los principios consagrados en los tratatos de la UE.

El diputado alavés de Hacienda, Juan Antonio Zárate, admitió el lunes, ante las noticias del fallo en el caso Ramondin, que algunos beneficios fiscales "son excesivos" y abogó por reconducir la cuestión de común acuerdo con las entidades forales y el Gobierno central. Sin embargo, un portavoz de la Diputación alavesa citado por la agencia Efe retomó ayer el discurso tradicional de las diputaciones, en el sentido de que Bruselas no entiende que las instituciones forales, en virtud del Concierto Económico, tienen las mismas capacidades fiscales que los estados.