21 años
A LOS 21 años de su existencia, la Constitución de 1978 puede presentar a la actual sociedad española un balance político sin precedentes: haber servido como ninguna otra en la tormentosa historia contemporánea de España para sentar las bases de una convivencia sólida y duradera entre españoles. Los valores que defiende y los principios que proclama, entonces muy controvertidos, han entrado a formar parte del acervo compartido: son ya cultura, sea cual sea el grado de entusiasmo por los mismos y las preferencias por unos o por otros.Partiendo de este hecho incontestable, no pueden tacharse de triunfalistas los discursos oficiales y las declaraciones de los líderes políticos que hicieron hincapié ayer, en los actos de celebración, de este logro básico de la Constitución. Especialmente, el del presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo. Era obligado recordarlo en estas fechas marcadas por la ruptura del alto el fuego de ETA y su explícita amenaza de volver otra vez a los métodos del terror contra la Constitución y el marco de convivencia que sustenta.
Hacer valer este logro no significa, en modo alguno, que la Constitución sea eterna y que no sea reformable. Pero su modificación exige consenso entre las fuerzas políticas representativas, tanto más amplio cuanto más importante sea para la convivencia de todos la cuestión que se quiere modificar, así como atenerse a los mecanimos previstos en el texto constitucional para su reforma. Algunos representantes políticos resaltaron ayer, precisamente, la flexibilidad del texto constitucional para encauzar uno de los temas más polémicos y controvertidos: el modelo de Estado y el desarrollo de las autonomías.
Es cierto que, si se le compara con los efectos dramáticos que en otros procesos de transición ha tenido la cuestión territorial, el resultado del modelo autonómico español puede considerarse positivo. El terrorismo no ha podido interrumpir por reacción, como ha pretendido ETA, su implantación y consolidación a partir de 1978. Pero hay que reconocer que es una cuestión abierta, muy especialmente, y en mayor o menor medida, para los nacionalismos vasco y catalán. Y que sólo podrá cerrarse a partir del marco de las instituciones político-jurídicas refrendadas en estos 21 años de democracia constitucional. Y, evidentemente, sin el chantaje del terror.
