Del sueño americano a la quiebra como medio de presión
El Hospital General de Catalunya (HGC) nació en la segunda mitad de los años setenta como una iniciativa apoyada por políticos y notables del mundo de Convergència. Fue fundado con la vocación de acabar convirtiéndose en un símbolo de la medicina de alta calidad, émulo del sueño americano -eran los años de esplendor de la deslumbrante Clínica Mayo- y quiso ser una alternativa elitista frente al modelo mastodóntico y despersonalizado de los grandes hospitales de la Seguridad Social. Pero, a pocos años de su fundación, el HGC era ya un tremendo escándalo cuyas secuelas salpicaban a gestores y promotores comprometidos en sucesivos encontronazos judiciales. Cuando las instalaciones hopitalarias se abrieron, en 1983, la sociedad promotora tenía unos 70.000 socios, personas que habían aportado distintas cantidades -desde 25.000 a 750.000 pesetas- simplemente por asegurarse el derecho a ser atendidos en el futuro gran hospital. Pero el sueño no se cumplió y tras sucesivos e infructuosos intentos por conseguir un concierto con la Seguridad Social que garantizara su viabilidad, el hospital emprendió una reforma de su marco jurídico. Los socios renunciaron al valor económico de sus derechos mediante una operación acordeón y aprobaron la creación de una sociedad anónima para gestionar el hospital, cuyo capital pertenecía totalmente a la sociedad civil constituida por los socios, que llegaron a ser 76.000.
Cuando las cosas comenzaron a ir peor, los gestores de entonces incurrieron en arriesgadas operaciones para conseguir liquidez, como la de conceder derecho a asistencia gratuita vitalicia a quienes aportaran cantidades cercanas al millón de pesetas, lo que era a todas luces ruinoso.
Las deudas del HGC crecieron espectacularmente y en 1993 la empresa cambió de gestores. Anton Cañellas dejó la presidencia y dio paso en el cargo al empresario socialista Pere Narbona, quien ese mismo año presentó suspensión de pagos con unas deudas de 12.600 millones de pesetas. Tres años después, se levantó la suspensión gracias al convenio de quita -reducción- del 50% de la deuda y con el compromiso de satisfacer este pasivo en un periodo de 15 años.
Ahora, la pretensión de la empresa hospitalaria de que las administraciones le condonen la deuda choca con el resto del sector sanitario. Ayer, medios de este sector manifestaron que si la Generalitat cede a esta presión incurrirá en un agravio comparativo con el resto de hospitales. El conjunto de los hospitales catalanes, tanto los privados como los concertados, tienen unas deudas acumuladas con la Seguridad Social de 100.000 millones, que se satisface anualmente por medio de una moratoria pactada.
