Libros controlados

EL CONTROL previo de los libros de texto que en España ejercen ocho comunidades autónomas es una medida con aire de otros tiempos. Y, a la vista de su funcionamiento práctico, algo más parecido a una especie de censura con pintorescos elementos de arbitrariedad a cargo de algunas administraciones o del funcionario de turno que a un estricto sistema de control de calidad. Que un libro de matemáticas sea rechazado por no reflejar "la cultura de Andalucía", uno de educación infantil por no hacer referencia a la lucha canaria y otro porque no incluía un 50% de autores canarios en la nómina de escritores españoles es un despropósito. La simple existencia de episodios tan peculiares debería impulsar a las comunidades "controladoras" a plantearse si merece la pena seguir el ejemplo del Ministerio de Educación, que durante el mandato de Esperanza Aguirre suprimió el control previo en su territorio de gestión.Lo que pudo ser razonable en los primeros tiempos de implantación de la reforma y de asunción de competencias educativas por las comunidades, especialmente las de dos lenguas, ya no lo es. No hay por qué suponer que, en un contexto de dura competencia entre decenas de editoriales, medio millón de profesores y directivos de centros puedan volverse locos y elegir libros repletos de errores, de inadecuaciones a la comunidad o de ataques a las más íntimas esencias nacionales. La comunidad educativa es lo suficientemente madura y razonable como para no necesitar ninguna sobreprotección política.

Actualmente, si un profesor decide enseñar con sus propios materiales, nadie los supervisa, lo que da idea de la puerilidad de los controles de libros. En todo caso, la Administración siempre tendrá la posibilidad de controlar a posteriori la calidad científica y adecuación pedagógica de los materiales, como en la mayoría de los países avanzados. Téngase en cuenta que, en toda la Unión Europea, sólo España y Francia tienen sistemas de supervisión previa (estatal en el caso francés).

La eliminación de los controles previos tendría indudables ventajas para las editoriales: mayor libertad de los autores, reducción de costes de edición, libertad de circulación entre distintos territorios y disminución de las trabas burocráticas. Añádase a todo ello la contribución a la armonización de un sistema educativo que ya ha dado claras señales de fragmentación autonómica. Obviamente, cada uno de estos beneficios se traduciría en mejoras objetivas para los estudiantes y sus familias. Es decir, para todos.