Tarde e inexacto

Como lector diario (en el sentido más literal, puesto que desde el primer ejemplar de EL PAÍS no he dejado de leerlo ni un solo día, salvo en viajes al extranjero) del periódico que usted dirige, me atrevo a dirigirle estas líneas.El motivo es sencillo: vengo mereciendo su atención desde el mes de noviembre pasado, con una larga serie de noticias, algunas de ellas incluso en primera página, relacionadas todas ellas de una u otra forma con el asunto de las subvenciones mineras del Ministerio de Industria y Energía, del que soy directora general de Minas.

Personalmente he callado hasta ahora, por entender que debía ser el propio ministerio, desde una perspectiva completamente técnica, quien diera cuantas aclaraciones y explicaciones hicieran falta. Por esta razón, no me he dirigido a usted hasta ahora, a pesar de que en algún momento he sentido fuertes tentaciones de lo contrario, como cuando su periódico silenció absolutamente mi primera comparecencia en la Subcomisión de Análisis del Congreso. En esos momentos, créame, me pregunté muchas veces por el código ético de un diario al que yo tenía por ecuánime.

Sin embargo, una última noticia me ha hecho ahora cambiar de opinión. El pasado 30 de junio, EL PAÍS dedicó casi media página a la querella criminal presentada contra mí por un funcionario del ministerio. La noticia hacía referencia, como motivo de la querella, a un supuesto "registro" (que, por cierto, no fue tal, ni "accedí a su ordenador", ni le "obligué a entregar" nada, etcétera), cuando precisamente esa parte de la querella, junto con otras, había sido ya desestimada por el juez muchos días antes, concretamente en un acto del 8 de junio.

Callé entonces, acostumbrada ya a hacerlo. Pero el pasado 16 de julio el juez decretó, en un nuevo auto, el archivo de aquella parte de la querella que en su día admitió a trámite y que, insisto, nada tiene que ver con el supuesto "registro", ni con filtración alguna de documentos, ni, por tanto, con nada relacionado con la subcomisión del Congreso, sino, simplemente, con unas supuestas coacciones y amenazas ocurridas el 1 de julio de 1998 con motivo de la revocación de una comisión de servicio al citado funcionario de la dirección general, y una supuesta falsedad en los documentos administrativos relacionados con dicha revocación.

El lunes 19 de julio, el gabinete de prensa del ministerio envió a su diario copia del auto, y, cuatro días más tarde, en vista de que EL PAÍS no hacía ninguna referencia al archivo de la querella que tantas columnas había merecido semanas antes, el jefe de prensa del ministerio le escribió a usted insistiendo en ello.

Finalmente, el 24 de julio, EL PAÍS publicó una breve noticia sobre el archivo de la querella pero con una referencia absolutamente inexacta a su contenido, insistiendo en la historia del registro en el despacho del funcionario, la requisa de documentación y el acceso a su ordenador, hechos todos ellos, además de inciertos, ya desestimados en su día, como usted bien conoce, porque la carta que le dirigía el jefe de prensa así lo precisaba.- .