Los funcionarios siguen en activo

Los cuatro funcionarios a los que el Ayuntamiento acusa de cohecho (soborno) siguen en activo. Dos, en el puesto que ocupaban cuando estalló el escándalo; un tercero, en otro destino, y el cuarto, en excedencia voluntaria por estudios, según el área de Personal del Ayuntamiento. Carmelo García, para quien el abogado municipal pide ocho meses de arresto mayor y otros tantos de inhabilitación, trabaja en el departamento de Iniciativa Privada de la Gerencia de Urbanismo; Juan Bautista Beltrá, que en noviembre de 1994 era jefe de negociado de Industria de Centro, acude en un centro asociado del Ayuntamiento en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Jerónimo Pablo Jiménez continúa en Gerencia de Urbanismo, y Antonio Ramírez, por propia elección, se encuentra en excedencia por estudios.

Cuando se hizo público el escándalo, el Ayuntamiento expedientó a los cuatro funcionarios y les castigó con la máxima pena posible: seis meses de inhabilitación. Al término de este periodo se reincorporaron a su cargo.

El concejal de Personal, Sigfrido Herráez, del PP, reconoce que es paradójico que el Ayuntamiento tenga en nómina a cuatro empleados a los que, por otra parte, acusa de soborno. "Pero la ley es como es", explica Herráez. El edil de Personal admite que hace más de un año remitió una carta al entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, para que fuera consciente del problema "y ver si se podía intentar algo".

Para Herráez, habría que acelerar el juicio, "cosa que depende de los magistrados", o incrementar el periodo de inhabilitación. "Pero hay que tener en cuenta que si se prolonga se amplía la indefensión de los funcionarios, y en localidades pequeñas, en donde se conoce todo el mundo, podría pasar que el empleado estuviera en manos del político de turno; éste es un problema sin solución clara", concluyó.