"La actual ley universitaria es hija tardía del Mayo del 68"

Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950) llegó a la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo de la mano del ministro Mariano Rajoy y se ha encontrado amontonados los problemas que dejó sin resolver el equipo de Esperanza Aguirre. Es consciente de la urgencia, pero ya casi no le queda legislatura.Pregunta. ¿Cual será el siguiente paso de la reforma del acceso a la universidad?

Respuesta. Ahora vamos a reformar el contenido de las pruebas. Queremos que esté en vigor a principios del próximo curso. Tenemos el primer borrador de real decreto sobre la base de las demandas que nos ha hecho el Senado con un consenso total de todos los grupos parlamentarios. En los próximos días lo entregaremos a todos los sectores involucrados: comunidades autónomas, Consejo de Universidades, sindicatos de estudiantes, asociaciones de padres... Les pedimos que hagan todas las observaciones que se les ocurran y luego buscaremos un consenso para el texto definitivo.

P. Hay quien sugiere que la selección la debe hacer la universidad.

R. El problema ahora no es de demanda, sino de oferta. Por tanto, las reglas de la competencia entre las universidades van a entrar en juego. De hecho ya sucede así. Basta ver los anuncios de ofertas de trabajo en los periódicos donde incluso se recomienda que se abstengan de presentarse, licenciados o diplomados de determinadas universidades. El reto que tenemos por delante es el de la calidad. Al final, la nota de corte, o la nota de acceso para una determinada enseñanza o un determinado centro es, no nos engañemos, el juego de la oferta y la demanda.

P. ¿Piensa usted que la universidad española va mal?

R. No. Es más, afirmo lo contrario. Creo que, teniendo en cuenta la masificación que se ha producido, duplicándose en los últimos 20 años la población universitaria, el nivel de la docencia y la investigación se ha mantenido a niveles muy aceptables. Otra cosa es que los retos que tiene por delante, que hacen que la universidad tenga que reformarse, como toda la sociedad en general. Ya sé que es un tópico hablar de ello, pero estamos en una sociedad global en donde la competitividad, hemos de asumirlo, no se puede conseguir por la vía de la reducción de costes, sino por el incremento de la productividad.

P. Dos son los temas básicos de la reforma: los órganos de gobierno y el profesorado.

R. En cuanto al profesorado, creo que hay que ir a un sistema mixto. El actual establece un 70% de funcionarios docentes. En las humanísticas, un máximo de un 20% de contratados, y en las politécnicas, un 30%. Hoy la realidad es que el 53% son contratados. Por tanto hay un claro incumplimiento de la ley. Me atrevo a decir que la figura del asociado a tiempo completo es una contradicción in terminis, porque originariamente debe ser una persona ajena a la universidad que aporta sus conocimientos.

P. La perversión de la figura.

R. Totalmente de acuerdo. Entre otras cosas, porque creo que se ha definido mal y, después, algunas universidades la han aplicado de forma no adecuada. Es indispensable introducir criterios de flexibilidad en cuanto a la contratación para que las universidades puedan adaptarse a los cambios que se van a producir, singularmente la caída de la población universitaria. Pero eso no debe hacernos olvidar que debe seguir existiendo un cuerpo de funcionarios docentes, que en la tradición de nuestra universidad tiene un enorme peso. Tan malo sería funcionarizar la universidad como pretender que funcione como una empresa que opera en el mercado.

P. ¿Dos cuerpos?

R. No. Va a haber unos cuerpos docentes, los que actualmente existen de catedráticos y titulares, y habrá que definir unas nuevas figuras contractuales. De hecho, ya el proyecto de reforma del título V de la LRU que cayó en la anterior legislatura cuando estaba a punto de ser aprobado y el que se elaboró en esta legislatura, contemplaban dos nuevas figuras: el contratado doctor y el colaborador, con lo que se pretendía dar salida a la injusta situación a la que se ven abocados ahora los doctores cuando finaliza el contrato de tres años y los asociados a tiempo completo doctores y no doctores. Hay ahí una bolsa, que puede estimarse en algo más de 20.000, que se encuentra en una situación de imposibilidad de progresión de la prestación de sus servicios a la universidad y de inseguridad jurídica y laboral. Es una situación absolutamente injusta que se da con mayor intensidad en unas universidades que en otras. Esta situación está provocando una tensión en el sistema universitario español a la que nosotros pretendemos dar salida. En estos momentos tenemos muy avanzado lo que podríamos denominar un plan de promoción y estabilidad del profesorado. Pretende establecer unos acuerdos con las comunidades autónomas para dar salida a esa situación a través de nuevas plazas de profesores titulares y de la definición de una nueva figura contractual que entendemos que podría hacerse sin entrar a modificar la LRU, modificando los decretos de 1985, el llamado Estatuto del Profesorado, y de 1989.

P. ¿Será un contrato laboral o un contrato administrativo?

R. Lo estamos pensando. En un plazo máximo de dos semanas estaremos en condiciones de ofrecer esa propuesta de plan, tanto a las universidades, a los rectores, como a las comunidades autónomas y a los sindicatos, para que nos planteen sus observaciones. En síntesis, estaría basado en la cofinanciación entre el Estado y las comunidades. Estamos pensando en la voluntariedad de la aplicación de ese programa, de modo que las comunidades a las que les pudiera convenir, previo acuerdo con las respectivas universidades y una vez aceptado por éstas, podrían aplicarlo a lo largo de diversas anualidades hasta llegar a un porcentaje determinado de distribución entre docentes funcionarios y docentes no funcionarios. En cuanto a la modalidad de esa figura contractual, nosotros pensamos que la figura contractual administrativa con evaluaciones externas y abriendo el tipo de contratación a los contratados doctores y permitiendo que fueran contratados a tiempo completo. Esto daría respuesta satisfactoria a un colectivo de unos 10.000 ayudantes doctores y contratados asociados a tiempo completo que es en donde sustancialmente en estos momentos radica el problema. Tres o cuatro años para la ejecución de ese plan puede ser un plazo razonable, teniendo en cuenta que estamos hablando de un plan que puede costar en torno a 8.000 millones de pesetas y que, en principio, insisto, la financiación la deberían aportar las comunidades autónomas. El Estado, lo estamos estudiando, puede ayudar a la cofinanciación.

P. ¿Sin reformar la LRU?

R. Nosotros queremos ir a una reforma amplia de la LRU. Es el objetivo de la próxima legislatura. La reforma tiene que entrar en los órganos de gobierno y en la gestión del propio sistema universitario; establecer un acuerdo de estructura de la relación universitaria para facilitar la labor investigadora y sobre todo su conexión con la empresa. Debe también potenciar el Consejo de Universidades, como piedra angular sobre la que ha de pivotar la construcción del edificio universitario español. En todo caso, también deberían tratarse los aspectos del capítulo V que corresponde a la tarea docente, para lo cual lo que hagamos ahora tendrá un valor considerable. De aquí a final de año vamos a impulsar el debate dentro del Consejo de Universidades y vamos a incorporar los documentos de trabajo que diversas instituciones están elaborando, como por ejemplo este documento que ha elaborado la Fundación Círculo de Economía de Barcelona o el que está elaborando Josep Maria Bricall por encargo de la CRUE, así como los documentos y aportaciones nos lleguen o los debates que propicie el propio consejo de universidades. Debemos decantar un estado de opinión.

P. Comparte la opinión de quienes califican de asamblearios los órganos de gobierno, en el sentido de que hay poca capacidad ejecutiva y que es uno de los orígenes del corporativismo

R. Teniendo en cuenta que toda generalización es injusta, creo que sí. En ese aspecto, de alguna manera, podríamos calificar a la LRU como hija tardía del mayo del 68. El papel de los claustros debería concentrarse en labores más consultivas, de asesoramiento y de propuesta que en funciones ejecutivas. Creo que hay una conciencia general, se explicite o no, de que el actual sistema de gobierno de las universidades, puede convertirse en uno de los focos de ineficiencia del sistema. Llegar a la colegialidad permanente en la toma de decisiones es un factor de ineficiencia a la hora de gobernar y de gestionar las universidades. ¿Es razonable un sistema en el que el peso de determinados sectores de la propia universidad vale más que el de los poderes públicos que están determinando las decisiones de financiación para esas instituciones? Creo que no.

P. ¿Cuándo se traspasará la gestión de las becas?

R. Nuestra voluntad es que el decreto pueda ver la luz para el mes de junio. Será un decreto con rango de norma básica que va a dejar un amplio espacio de desarrollo normativo a las comunidades autónomas, territorializándolo de manera que les corresponda la gestión y el pago de esas becas. Las que quieran podrán gestionarlas el próximo curso académico. Pero nos reservamos las becas de movilidad interautonómica, que van a permitir que los estudiantes puedan escoger la universidad que deseen dentro del España, incluso realizar determinados créditos con estancias cortas. Esto es muy importante, jugará en favor de la competitividad. Curiosamente, en la actualidad hay más alumnos que usan los programas Erasmus para estudiar en el extranjero que los que se mueven en el sistema universitario español.