Vía libre contra Pinochet

EL AVIÓN chileno que ha volado a Londres en varias ocasiones en busca de un pasajero único que responde a la identidad de Augusto Pinochet Ugarte tendrá que regresar una vez más de vacío. La decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, de autorizar el proceso de extradición contra el antiguo dictador y actual senador vitalicio prolongará seguramente durante bastantes meses su estancia obligada en Gran Bretaña, a la espera de que los tribunales de este país resuelvan sobre la extradición a España solicitada por el juez Garzón. Desde un punto de vista jurídico, el ministro Straw no tenía muchas posibilidades de actuar de otro modo. Los cargos contra Pinochet se han reducido a los de tortura y conspiración para torturar, cometidos a partir de diciembre de 1988, pero se trata de crímenes contra la humanidad que Londres se ha comprometido a perseguir al incorporar a su sistema legal, a partir de esa fecha, la Convención Internacional contra la Tortura de 1984. Un solo caso de tortura es perseguible por la justicia y habría bastado para sostener la demanda de extradición, en contra de la tesis interesada que han lanzado sus defensores más afamados en el sentido de que el proceso habría perdido base jurídica al reducirse el pliego de acusaciones.

La decisión de Straw, basada en estrictos criterios legales, no deja de tener una clara y esperanzadora lectura política. Representa un refuerzo de primer orden para el nacimiento de una jurisdicción universal efectiva para perseguir los crímenes contra la humanidad, al tiempo que un aviso inequívoco de que el Reino Unido no será un refugio para dictadores manchados de sangre.

Straw ha hecho frente a falaces argumentos jurídicos ("sólo corresponde a Chile juzgar a Pinochet"), argucias políticas ("salvó a Chile del comunismo") y alegatos humanitarios ("es un anciano de 83 años") con los que una coalición de políticos cesantes —desde Margaret Thatcher hasta el ex presidente Bush, pasando por Kissinger y el veterano senador republicano Helms, comprometidos algunos con la negra historia del general chileno— ha intentado bloquear el proceso de extradición. Sin contar con la inoportuna intercesión del Vaticano en momentos en que el asunto estaba sometido a la deliberación del tribunal de los lores.

A partir de ahora corresponde a la justicia británica determinar si la demanda de extradición española es o no fundada. El proceso será largo, habida cuenta de los poderosos medios de defensa con que cuenta el general. Sea cual sea el desenlace, representa una conquista irreversible para los derechos humanos que uno de sus más refinados violadores sea sometido a un procedimiento de extradición, aunque sólo por algunos de sus crímenes.