Interior investiga corrupción en la cárcel, policía y Guardia Civil de Ceuta

El tráfico de hachís ha convertido a Ceuta en un polvorín y el Gobierno intenta afrontarlo. La Inspección de Personal y Servicio de Seguridad, departamento dependiente de Ricardo Martí Fluxà, secretario de Estado para la Seguridad, ha investigado durante los últimos tres meses la presunta connivencia entre las mafias del tráfico de drogas que operan en esa ciudad y funcionarios encargados de perseguirlas, de custodiar a sus miembros en prisión y de juzgarlos.La investigación ha sido dirigida por el comisario de policía, con categoría de subdirector, Jesús Caballero, jefe de la mencionada Inspección, y la han llevado a cabo miembros de la Guardia Civil y la policía que se desplazaron a Ceuta y confirmaron sobre el terreno algunas denuncias, que se remitirán a la Fiscalía Anticorrupción. La misión de esa inspección de Personal, grupo creado por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, es comprobar el funcionamiento de los cuerpos de seguridad.

Cárcel bajo sospecha

La cárcel ceutí, situada en el barrio de Los Rosales y con capacidad para 268 presos, ocupa especial atención en este informe. Ceuta es una de las pocas ciudades españolas en las que cualquier transeúnte puede toparse varias veces al día con los jóvenes capos de la droga que exhiben su riqueza y practican el matonismo con descaro. Pero cuando ellos o sus colaboradores caen en alguna operación policial son recluidos en la prisión provincial y allí, según aseguran algunas fuentes, gozan de privilegios por parte de algunos funcionarios.

El rosario de presuntas irregularidades investigadas es muy largo. Los cabecillas de estas bandas de traficantes tienen teléfonos móviles en sus celdas, desde las que mantienen contactos con el exterior; reciben comida desde un restaurante próximo, la cafetería Lucena, regentada por Hamido Mohamed Miludi, detenido por tráfico de drogas y en libertad bajo fianza; se entrevistan con sus familiares fuera del horario de visitas, y en alguna ocasión han llegado a salir de noche, a visitar a sus mujeres, y regresado al amanecer. Es el caso de Mustafá Amed Abdeselam, preso durante unos meses por un intento de homicidio, cuya salida por unas horas de prisión, coincidiendo con el nacimiento y bautizo de su hijo, fue denunciada ante Instituciones Penitenciarias.

Esta presunta salida irregular de la cárcel, así como otras tres más, no había sido autorizada por el juzgado de Ceuta y fue denunciada el pasado septiembre por un particular que en un escrito dirigido a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios aseguraba que la cárcel ceutí "sólo es comparable a una siciliana de los años sesenta". Seis meses después, Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno, advierte que esta ciudad fronteriza puede convertirse en una "pequeña Sicilia". El rastro de una motocicleta de gran cilindrada, propiedad de Mohamed Taieb Ahmed, alias El Nene, considerado por la policía como uno de los traficantes de hachís más conocidos, hace sospechar que estos favores a los presos se pagan con regalos. El vehículo apareció en la prisión en manos de un funcionario, quien se excusó diciendo que el traficante se la iba a vender.

Estas y otras presuntas irregularidades han sido investigadas por miembros de la Inspección General Penitenciaria y por agentes de la Guardia Civil, que hasta el momento han confirmado alguna de estas acusaciones. Miguel Fábregas, director de la prisión, ha sido interrogado en torno a estos hechos. Algunos se habrían cometido aprovechando sus vacaciones y ha negado cualquier responsabilidad.

La depuración en los cuerpos de seguridad de Ceuta, que suman 800 entre policías nacionales y guardias civiles, ha comenzado. Recientemente fueron detenidos dos agentes de la Guardia Civil destinados en Ceuta que traficaban con droga. Ambos permanecen en una prisión militar. Un miembro del Cuerpo Nacional de Policía que aparecía citado en el informe siguió el mismo camino. La investigación afecta también a policías locales y funcionarios judiciales.