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Cuba acusa a los cuatro disidentes de ser "contrarrevolucionarios pagados por EEUU"

La suerte está echada para Vladimiro Roca, Félix Bonne, Marta Beatriz Roque y René Gómez Manzano. El tribunal de La Habana que les juzgó el lunes por sedición dejó la causa vista para sentencia después de 13 horas de juicio, en las que la fiscal, Edelmira Pedriz, insistió en que los cuatro no eran presos políticos ni disidentes, sino "contrarrevolucionarios pagados y organizados por el Gobierno de EEUU". Ayer, las autoridades liberaron a 24 de los disidentes detenidos y a los 60 que cumplían arrestos domiciliarios desde el fin de semana.

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"La patria no es de todos, sino de quien la defiende", afirmó la fiscal en un momento del juicio, mostrando con bastante elocuencia la lógica del mismo. Aludía Pedriz al documento La patria es de todos, elaborado en 1997 por los cuatro miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, en el que se criticaba al partido comunista y al Gobierno de Fidel Castro. Su difusión fue uno de los motivos de la detención de Vladimiro Roca y de sus compañeros.La fiscal se basó, sin embargo, en otros hechos para justificar el delito de sedición, por el que solicita seis años de cárcel para Roca y cinco años para el resto de los acusados. Pedriz planteó que los disidentes llamaron a la abstención o al voto en blanco en las elecciones de octubre de 1997 e invitaron e incitaron a los empresarios extranjeros "a violar leyes y disposiciones del Estado cubano referidas a la inversión extranjera, en concordancia con la ley Helms-Burton".

La Fiscalía General de la República considera que durante el juicio "quedó demostrada la vinculación existente entre las actividades realizadas por los acusados y las modalidades de agresión a Cuba adoptadas por la política de EEUU". Asimismo, según la fiscalía, se probó "que los acusados recibieron apoyo financiero y material de organizaciones radicadas en EE UU" para sus "acciones subversivas".

La abogada de Vladimiro Roca y Marta Beatriz Roque, Amelia Rodríguez, declaró ayer a EL PAÍS que pidió la absolución de sus defendidos por no existir delito alguno de sedición. "No hubo violencia, ni en Cuba votar es un deber sancionable, por lo que no puede ser delito exhortar a no votar", afirmó Rodríguez. La abogada defendió a comienzos de los noventa a Jorge Crespo, joven cineasta que realizó un vídeo crítico sobre el presidente cubano calificado por las autoridades de propaganda enemiga. La fiscalía pedía 14 años de cárcel, pero la condena fue de dos.

Según Rodríguez, el tribunal que juzgó el lunes a los cuatro disidentes actuó de forma profesional, como lo hizo en el caso de Crespo, por lo que alberga la esperanza de que la sentencia sea absolutoria. "El juicio se desarrolló bien. Los acusados pudieron declarar libremente, y fueron respetados", afirmó. En caso de que la sentencia no sea absolutoria, Rodríguez tiene previsto presentar un recurso de casación. Magaly de Armas, esposa de Roca, aseguró que, a pesar de que el tribunal actuó correctamente, "fue un juicio privado", en el que no se dio acceso a periodistas extranjeros y diplomáticos, como su marido hubiese deseado. Sólo se permitió la entrada de algunos familiares y de unas 50 personas que, a juicio de Magaly, parecían "agentes del Gobierno". Magaly dijo que durante la vista oral la fiscal no aludió a la nueva ley contra la disidencia aprobada recientemente por el Parlamento, aunque sí hizo mucho énfasis en que los cuatro acusados estaban pagados por el Gobierno de EEUU. "Eso es absolutamente falso", afirmó. "Vladimiro no está pagado por el Gobierno de EE UU, ni antes ni ahora, ni lo estará nunca. Sólo expresa su criterio, lo que él piensa". De Armas también negó que su familia hubiese recibido dinero.

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Horas después de terminar la vista oral, las autoridades levantaron el arresto domiciliario a 60 disidentes, decretado en la víspera del juicio. Ayer también fue liberada la mitad -unos 24- del cerca de medio centenar de opositores detenidos por la policía desde el viernes. Entre los liberados estaba el veterano activista Jesús Yáñez Peletier, de 81 años, y el periodista Raúl Rivero, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba. Se esperaba anoche la inminente liberación de los opositores al régimen de Fidel Castro y de los periodistas independientes que seguían arrestados.

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