Así no se puede seguir
La estructura del Estado es y no puede dejar de ser un problema de naturaleza constituyente. Y ante un problema de esta naturaleza los partidos estatales no pueden tener una política propia. O esto se entiende o se camina hacia el desastre.La Constitución española no definió la estructura del Estado, porque la sociedad española no sabía exactamente lo que quería en este terreno. Se alcanzó un compromiso y se establecieron unas posibilidades y unos límites dentro de los cuales se ejercería el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, remitiéndose la definitiva definición de la estructura del Estado al proceso político futuro de interpretación de la Constitución.
Inicialmente el Gobierno de Adolfo Suárez intentó interpretar la Constitución prescindiendo del PSOE y a través de acuerdos con los nacionalismos vasco y catalán. El resultado de dicha estrategia fue pura y simplemente la descomposición de UCD tras el fiasco del referéndum del 28 de febrero de 1980 en Andalucía. En ese momento la definición de la estructura del Estado estaba en fase constituyente y ningún partido estatal puede aproximarse a ese problema en solitario o en compañía únicamente de partidos nacionalistas.
Fueron precisos los Pactos Autonómicos suscritos entre el Gobierno de Calvo Sotelo y el PSOE en 1981 para que se acabara definiendo la estructura del Estado. Si entre 1981 y 1993 ha habido una política de estructura del Estado coherente, que ha permitido la transformación de uno de los Estados europeos más centralistas en uno de los más descentralizados, es porque se ejecutó por un partido estatal una política que no había sido definida exclusivamente por él. No fueron las mayorías absolutas del PSOE lo determinante. Lo determinante fue que el PSOE no estaba ejecutando una política propia, sino compartida en su definición.
En 1992 se actualizaron los Pactos de 1981 entre el Gobierno del PSOE y el PP en la oposición. Se mantenía la estrategia de no aproximación en solitario de ninguno de los dos partidos estatales de Gobierno al problema de la estructura del Estado y se sentaban las bases para un perfeccionamiento del proceso de construcción del Estado de las autonomías.
Esta trayectoria es la que se interrumpe en 1993. Y desde entonces el Estado carece de política en lo que a su estructura se refiere. La única política que existe desde entonces es la que formulan los partidos nacionalistas. Los partidos estatales oscilan entre el enrocamiento en lo que a la estructura general se refiere y la adopción de medidas arbitristas para conseguir el apoyo de los partidos nacionalistas para gobernar.
En esas estamos desde hace seis años. Y, como es lógico, cada vez peor. Los ciudadanos sabemos lo que quiere el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Pero no sabemos lo que quieren los partidos de gobierno del Estado español. Y en democracia lo decisivo acaba siendo la palabra. Si no se es capaz de decir qué es lo que se quiere, se acaba perdiendo. La ponencia sobre el Estado de las autonomías del XIII Congreso del PP es un buen ejemplo. En un momento en que se avanzan desde los nacionalismos vasco, catalán y gallego las propuestas que todos conocemos, el partido que gobierna España resulta que no tiene absolutamente nada que decir.
Y no tiene nada que decir porque no puede decir nada en solitario. El PP no puede tener en este terreno una política propia de la misma manera que no puede tenerla el PSOE. La pueden tener los demás. Pero ellos, no. Mientras esto no se entienda, la estructura del Estado será sumamente frágil.
No basta, por tanto, una aproximación o unos contactos. Es necesario un pacto lealmente suscrito y de vigencia indefinida que excepcione las cuestiones relativas a la estructura del Estado del contencioso electoral y sus resultados. Después de lo que ha llovido, comprendo que no es fácil. Pero es la única manera de que pueda existir un compromiso razonable entre la definición estatal y la definición nacionalista de la estructura del Estado.
