Parejas de hecho y derecho
Los partidos conservadores del Congreso de los Diputados aprobaron hace un año, el 25 de noviembre de 1997, una alternativa al proyecto de Ley de Coalición Canaria sobre Parejas de Hecho. El texto, admitido con los votos de PP, CiU y PNV, no es una Ley de Parejas de Hecho, sino un contrato, el Contrato de Unión Civil (CUC). Su impulsor fue el Partido Popular, que, con su propuesta, intenta convencer a la opinión pública de que tiene mayor voluntad democrática que cualquier otro grupo parlamentario. La base para creer esto sería que el CUC es más universal que los proyectos alternativos sobre este tema porque no pone trabas ni pregunta a los firmantes por el tipo de relación que mantienen. Se trataría de un contrato discreto porque no hace suposiciones atrevidas, al contrario de lo que sucede con el de Coalición Canaria, aprobado el pasado mayo por el Parlamento como texto base de estudio y que también está estancado por la falta de interés de este grupo en su propuesta legal.El CUC bendeciría cualquier relación que se dé entre dos personas adultas sin importarle el sexo o la condición afectiva de la relación. Pero, ante una propuesta aparentemente tan generosa y universal se pueden hacer algunas preguntas. Por ejemplo: ¿es más democrático proponer aquello que no se demanda para negar aquello que sí responde a una necesidad social? El Contrato de Unión Civil no es la respuesta a permanentes solicitudes de asociaciones de amas de casa u organizaciones defensoras de la familia. Ni siquiera lo han demandado quienes velan por el bienestar de nuestros ancianos. No existe ningún grupo político ni organización social que, hasta la fecha, haya solicitado derechos como los que se concederían en el hipotético caso de que este contrato llegara a aprobarse. En Francia, el PASC presentado por el Partido Socialista francés ante la Asamblea Nacional, y que fue el inspirador del CUC, ha rechazado rotundamente esta posibilidad y ha recogido la afectividad sexual como base para establecer el pacto.
En realidad lo que hace la propuesta popular es aunar los derechos de los componentes de una sociedad limitada (SL) y determinada jurisprudencia ya asumida por la mayoría de los jueces. Es el caso, por ejemplo, de los arrendamientos urbanos cuando se concede la continuidad del contrato de alquiler a la persona superviviente de una pareja de hecho. A ello el CUC añade, en condiciones restringidas, aunque onerosas para la Hacienda Pública, el derecho a una pensión para el firmante del contrato superviviente. Es algo así como si el Estado se hubiera constituido en garante de todas las sociedades limitadas con los fondos públicos. Al equipo económico del Gobierno estas propuestas de su grupo parlamentario deben de parecerles insensatas por el enorme gasto público que se les vendrá encima en el caso de que llegaran a aprobarse.
Entremos en el análisis de la ideología que sustenta al Contrato de Unión Civil. Para el pensamiento conservador, la familia es la base de la sociedad, su núcleo. Discursos y programas políticos amparan con medidas concretas (o con pura retórica) la unidad familiar y el amor, que es su base. Si esto es así sorprende que no quieran ampliar el concepto de familia basada en el amor a las parejas de hecho. Razonemos un poco: si la solidez y seguridad de la sociedad depende de la familia, ¿cómo es que no se ensanchan los límites de lo que se entiende por familia para así hacer más sólido y fuerte el conjunto de la sociedad? ¿Cómo es que se obliga a grandes grupos de personas -principalmente homosexuales, pero también a muchos heterosexuales- a campar por los márgenes de la legalidad? ¿Acaso no se vería el amor también apoyado y la estabilidad emocional de estas personas más amparada?
En el tema de las parejas de hecho se produce una dificultad general de los políticos para aceptar las condiciones de la vida real. Esta resistencia supone un grave error sobre las funciones de un sistema democrático. La democracia no se justifica ni sirve para respaldar los deseos de la mayoría de la población en los ámbitos que sean. Esto lo realiza mucho mejor una tiranía concentrando fuerzas y recursos para favorecer frecuentemente a grandes masas de población, aunque no a toda. La democracia, por el contrario, tiene la función y fuerza moral de defender y apoyar los derechos de las minorías cuando no atentan contra los derechos de la mayoría o de otras minorías. La democracia se justifica como sistema superior a otros porque protege, de hecho y de derecho, a las minorías. Y, evidentemente, éste no es el caso de las parejas de hecho porque éstas no se encuentran protegidas por ninguna ley específica.
Puesto que todos somos minoría en algún sentido (religioso, político, sexual, estético, etcétera) es de la mayor importancia para todos que esos derechos sean respetados. Pero respetados siendo recogidos y amparados por la ley, no mostrando la indiferencia de quien ha decidido dejar de emplear a la policía en redadas masivas porque éstas le resultan incómodas y caras.
Es un poco paradójico, pero si se llegara a aprobar una Ley de Parejas de Hecho por la mayoría del Parlamento, esto no dejaría de ser un acto con un componente conservador que se le ha escapado al partido gobernante, pero no a otros partidos conservadores como Convergència i Unió, que aprobó una reforma del Código de Familia catalán para regularizar estas situaciones. Y es que aprobar esta ley supondría normalizar lo que existe al margen del derecho fuera de Cataluña, lo que se vive por muchos como experiencia antisocial que impugna los cauces usuales de la moralidad. Al fin y al cabo, los "buenos conservadores" serían aquellos que buscan reconciliarse con lo real para poder dirigirlo y administrarlo de alguna forma. Los "malos conservadores" serían los que permanecen extraños a lo real y enfrentados al dinamismo de los tiempos. Hasta el momento, CiU se ha comportado como un buen partido conservador, y el PP, como uno malo.
No sólo muchos políticos, también ciertos sectores de la Iglesia católica se están replanteando sus posiciones a partir de la doctrina paulina. En efecto, puesto que el celibato es gracia divina (I Corintios, 7) no se puede condenar a quien no posee este don y sigue el camino de la carne. Para evitar el pecado, san Pablo propone el matrimonio. Ahora bien, los homosexuales carecen de la posibilidad de casarse y a muchos heterosexuales jóvenes les asustan las consecuencias de ese pacto. Por tanto, es difícil condenar teológicamente a quien practica promiscuamente el sexo si no se le da la oportunidad de mantener relaciones estables respaldadas por la sociedad. Una de las premisas que utiliza la teología para razonar sobre el problema de la gracia y la salvación es que allí donde no hay capacidad para elegir tampoco hay pecado; así que si la condena se mantiene es por continuar la tradición de los últimos siglos. Pero la tradición hace tiempo que no es razón, o al menos no debería serlo, en una democracia occidental.
Los conservadores tienen en España un serio debate por delante. Las numerosas enmiendas a la Ley de Parejas de Hecho (más que en el caso del aborto) y los vaivenes de este proyecto de ley indican la dificultad para fijar los límites de lo real que se considera racional-legítimo. En teoría, todos los actos que se den entre adultos y que no supongan daños propios o a un tercero son legítimos y universalmente admitidos. Sin embargo, no se extraen todas las consecuencias de este principio.
Aprobar una ley de parejas de hecho supondría reconocer a los homosexuales como unidad familiar, lo que conmueve los cimientos de la moral en la que han sido educados la mayoría de los políticos de casi todos los partidos. En el caso de los heterosexuales, una ley de este tipo supondría que existen alternativas al matrimonio de menor coste económico y emocional, lo que tampoco parece gustar a los políticos conservadores. ¿Quizá creen que es mejor jugar al todo o nada, pese a las consecuencias de cometer un error en esta apuesta y que todos hemos visto en muchas parejas jóvenes y en sus hijos?
En fin, da la sensación de que el Contrato de Unión Civil no es tanto una alternativa a una Ley de Parejas de Hecho cuanto un intento de distraer la atención sobre ésta e impedir su aprobación. Que el texto se presente como ley orgánica así permite pensarlo, puesto que los plazos para su tramitación son más largos y las dificultades también son mayores. Imagino que debe de ser incómodo estar en el Gobierno y comprobar cómo la mayoría del Parlamento aprueba una ley que no se ha propuesto. Además de incómodo es excepcional, puesto que en España nunca se había producido tal situación. Pero ante tales incomodidades, lo mejor sería que el Gobierno aceptara las demandas sociales y aprobara lo que la mayoría de la población apoya en las encuestas y que el Parlamento también ha respaldado.
Termino señalando que quien tiene poder administra una capacidad de acción y recursos que no son suyos, lo que tiene es una delegación temporal de la nación. Por tanto, no debería impedir que sean reconocidos derechos que los ciudadanos demandan.
