Alcalde atlético de Marbella

EL ALCALDE de Marbella, Jesús Gil, tendrá que comparecer la semana próxima ante un juzgado de esa ciudad con motivo de las investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de dilucidar si Gil ha cometido algún delito -de fraude y malversación de fondos públicos- en relación a los contratos publicitarios suscritos entre el Ayuntamiento que preside y el Club Atlético de Madrid, que también preside.Presidir un club no es exactamente lo mismo que presidir una empresa (inmobiliaria, por ejemplo): así se argumentó en su día para justificar una intervención pública que evitara el descenso a Segunda del Celta de Vigo y del Sevilla por no haber presentado los avales bancarios requeridos. Y presidir un ayuntamiento tampoco significa ser propietario del mismo y es diferente que presidir un club. Desde que Gil se convirtió en alcalde de Marbella, en 1991, esos tres planos, empresario, presidente de club y alcalde, se han mezclado en una lamentable confusión. El detalle chusco de bautizar a su grupo político con el nombre de Grupo Liberal Independiente, a fin de que sus iniciales coincidan con su apellido, indica la voluntad de subrayar, antes que disimular, esa confusión.

Los socialistas presentaron en 1996 una denuncia sobre presuntas irregularidades en el acuerdo por el que los jugadores del Atlético lucirían el nombre de Marbella en sus camisetas. Es bastante insólito que una ciudad se haga propaganda de esa manera, pero aún más que el contrato publicitario se firme entre un alcalde y un presidente que son la misma persona. Gil aduce que el club nunca llegó a cobrar la totalidad de la deuda contraída por el Ayuntamiento por ese concepto, y también que había ofertas más sustanciosas de otras empresas; pero eso sólo demostraría que además es un mal gestor del Atlético de Madrid.

Además de la cuestión de la publicidad, la fiscalía indaga todo lo relacionado con la sociedad municipal Eventos 2000, a través de la cual se realizó el contrato y que, según la oposición, ha pagado viajes de personas del entorno de Gil con motivo de los partidos del club en el extranjero.

Eso no significa necesariamente que haya delito, pero sí parece evidente que hay motivos para investigar. Aparte de esto -y de que el Ayuntamiento que preside debe casi 10.000 millones de pesetas a la Seguridad Social-, Gil es famoso por la zafiedad con que suele pronunciarse, por sus horteras inclinaciones franquistas y por su estilo camorrista. De ello no se sigue necesariamente que sea un malversador de fondos. Pero tampoco le concede una bula especial. Hay motivos para pensar que a una persona menos dada a insultar y amenazar a todo el mundo no se le habría tolerado durante tantos años la confusión entre los tres planos de su actividad: promotor inmobiliario, presidente y alcalde.