Nueva condena de más de dos años de cárcel contra Berlusconi por corrupción
El Tribunal de Milán condenó ayer a dos años y cuatro meses de cárcel y a una multa de 850 millones de pesetas a Silvio Berlusconi, ex primer ministro y líder de la oposición en Italia, por financiar ilegalmente al Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi en 1991. Craxi recibió una condena más dura, cuatro años de cárcel y 1.700 millones de multa, casi la cantidad que, según la sentencia, recibió de la sociedad All Iberian, ligada a la Fininvest de Berlusconi.
Nueva sentencia, nueva polémica. Portavoces y diputados de Forza Italia, el partido fundado en 1994 por Berlusconi, reaccionaron ayer con duras críticas contra una condena que a juicio del centro-derecha no es más que la última expresión de "un ataque político" en toda regla. El ex secretario general del Partido Socialista Italiano, Bettino Craxi, fue el más contundente y, desde su exilio en Túnez, denunció la "masacre" de que es "víctima Berlusconi". "La falsa revolución continúa utilizando el arma de la justicia política contra sus adversarios, el principal de los cuales es Silvio Berlusconi", declaró en un comunicado el ex primer ministro socialista. El líder de Forza Italia se declaró "sereno" tras conocer la sentencia, que interpretó también como un intento de linchamiento político. "Se trata de enviar a la cárcel a la oposición", dijo Berlusconi, "un viejo modelo de actuación comunista."Lo cierto es que, de momento, Berlusconi no arriesga la cárcel, pero cada condena cae como un mazazo sobre la carrera política del magnate de la televisión privada italiana. Sus abogados tienen previsto recurrir las dos últimas sentencias (la de ayer y la del pasado martes que le condenó a dos años y nueve meses de prisión) y la primera, de diciembre de 1979, le había sido condonada en aplicación de una ley de amnistía dictada en 1990 por el último Gobierno presidido por Giulio Andreotti.
Algunos medios especulaban ayer con la posibilidad de que la tercera condena en primer grado contra Berlusconi paralizara de hecho la aplicación de la amnistía. Aun así, la maquinaria de la justicia italiana es lo bastante lenta como para permitir que el delito por el que fue condenado ayer haya prescrito antes de que llegue la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. En tanto las condenas no sean firmes (y el proceso puede representar no menos de seis años) será imposible saber el monto real de las penas que deberá afrontar el líder de Forza Italia y por lo tanto, si puede terminar en la cárcel o no.
Los seguidores de Berlusconi organizaron ayer manifestaciones de apoyo a su líder en Roma y en Milán, mientras los aliados del empresario salían en su defensa. Gianfranco Fini, líder de Alianza Nacional, aliado de Forza Italia en la coalición de centro-derecha, repitió los argumentos de la semana pasada. "La prevista y previsible sentencia confirma que en Milán cuando se trata de Silvio Berlusconi la certeza del derecho deja paso a la certeza de la condena", dijo. Y Pierferdinando Casini, aliado menor de Berlusconi, calificó la decisión de "sentencia anunciada". El denominado juicio All Iberian, que ha durado dos años, fue dividido en junio debido a errores procesales en dos sumarios, el de la acusación de financiación ilegal al PSI y el de presunta falsificación de cuentas contra Fininvest.
Cuentas en Suiza
La tesis del fiscal, Francesco Greco -miembro del movimiento Manos Limpias que destapó el escándalo de corrupción política conocido como Tangentópoli-, es que durante 1991 la compañía All Iberian (auténtica caja B de la Fininvest, según Greco) desvió sumas millonarias de dinero que acabaron en dos cuentas suizas de Craxi. Sólo en 1991, el total de la suma transferida fue de unos 1.900 millones de pesetas. La defensa de Berlusconi negó que All Iberian tuviera nada que ver con Fininvest, pese a que al frente de la compañía figurara Giancarlo Foscale, cuñado del principal imputado y alto cargo de la Fininvest, condenado ayer junto a su patrón. Foscale aseguró que el dinero fue pagado a cambio de derechos cinematográficos al empresario árabe Tarak Ben Ammar. En unas recientes declaraciones, este último confirmaba la tesis precisando que el dinero terminó en las arcas de la Organización para la Liberación de Palestina. Pero Ben Ammar, testigo esencial de la defensa, no ha llegado a comparecer en la sala del juicio. Cuando fue convocado al proceso, faltó a la cita alegando compromisos privados que le impedían viajar a Milán.
