La futura ley del agua unifica los tributos y los vincula al consumo
El anteproyecto de ley de ordenación y gestión del agua con que trabaja el Gobierno catalán declara que uno de sus principios inspiradores es muy diáfano: "Quien usa, paga, y quien contamina, paga". Para que quede claro, el lema figura en el artículo 3 del proyecto. La ley unifica los distintos tributos del recibo del agua y establece un único tributo, que sube a partir de un determinado consumo.
El Gobierno catalán ha entregado a la oposición el texto del anteproyecto de la ley del agua, con el objetivo de pactar el mayor número de puntos posibles. La redacción unifica el ciclo del agua, crea la Agencia Catalana del Agua, así como sus órganos de gobierno, regula la constitución de entidades locales (municipales o supramunicipales) que organicen la distribución y saneamiento hidrológicos, y define los sistema de recaudación y financiación de estos organismos. La principal fuente de ingresos de la Agencia Catalana del Agua es el nuevo tributo, que sustituye a todos los anteriores. Este tributo se compone de dos gravámenes, en lo que a usos domésticos se refiere. Uno específico, de 34,63 pesetas por metro cúbico (igual al actual), y un segundo gravamen general cuyo importe sube o baja en función del consumo. El tipo más frecuente será de 13,26 pesetas por metro cúbico, ya que es el que se aplicará a consumos superiores a 6 metros cúbicos mensuales e inferiores a 24. Para los ahorradores, el impuesto baja en un 10%. Muy pocas familias se beneficiarán de esta rebaja ya que la cantidad mínima, además de muy mínima, no puede superar 6 metros cúbicos mensuales durante un año entero. Quienes superen los 24 metros cúbicos al mes pagarán el impuesto un 30% más caro. El proyecto de ley regula un trato preferente para las familias numerosas, los mayores de 65 años y las unidades familiares con ingresos inferiores al salario mínimo. En cada caso se les aplicará un descuento en el impuesto del 10%, pero las deducciones no son acumulables. Los dos últimos grupos citados podrán beneficiarse de la reducción siempre que sus consumos no superen los 6 metros cúbicos mensuales. La norma prevé también tratos preferentes para los agricultores y ganaderos en determinadas situaciones. El tributo lo cobrarán las compañías suministradoras junto al recibo del consumo de forma inseparable. Con ello se trata de evitar la situación actual en la que unas 70.000 familias no pagan los impuestos que gravan el recibo del agua. La nueva junta será regida por un consejo de administración en el que tendrá mayoría la Administración autonómica. Al mismo tiempo, se creará el consejo para el uso sostenible del agua, un organismo consultivo en el que se integrarán grupos ecologistas, asociaciones de vecinos, representantes sindicales y de las organizaciones de usuarios del agua.
