El Frente Nacional afronta una nueva condena judicial en uno de sus bastiones
Sólo un mes después de la inhabilitación por dos años de Jean-Marie Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional, su partido sigue enfrentándose a nuevas sanciones judiciales. Cendrine Le Chevallier, después de perder el único escaño que tenía el Frente Nacional (FN) en una legislativa parcial el pasado domingo en Tolón, vio ayer cómo un tribunal la condenaba a un mes de cárcel y 30.000 francos (750.000 pesetas) de multa por «discriminación» en el momento de contratar a gente. La señora Le Chevallier es la esposa del alcalde de Tolón, el ultraconservador Jean-Marie Le Chevallier, y es también consejera municipal delegada para la juventud y la infancia. Fue la candidata a esa elección legislativa después de la propia inhabilitación de su marido por irregularidades en las cuentas electorales. Tolón es uno de los cuatro ayuntamientos del FN, junto a Vitrolles, Orange y Marignane.Como consejera municipal, Cendrine Le Chevallier ha querido aplicar una peculiar versión de la consigna «preferencia nacional», básica dentro del programa del FN y que exige dar prioridad a los «franceses» frente a los «extranjeros». Un documento firmado por ella ordenaba que el Ayuntamiento sólo contratase para sus actos relacionados con el área de «juventud e infancia» a personas del Frente Nacional «o de probada neutralidad».
Y de la preferencia nacional convertida en partidista, a la preferencia personal. Jean-François Mancel, ex secretario general de la gaullista Unión para la República (RPR), hoy presidente del Consejo General del Departamento del Oise gracias a los votos del FN -«es una parte de la derecha de mañana», dijo durante las regionales de marzo-, sigue en detención provisional por haber concedido, durante tres años consecutivos, todos los contratos de propaganda del departamento -el equivalente a 500 millones de pesetas al año- a una empresa filial de otra de la que él es el principal accionista.
Los problemas de la ultraderecha y la derecha con la justicia están degradando con gran rapidez las cotas de fiabilidad de sus partidos ante la opinión pública. Una encuesta reciente decía que sólo un 35% de los franceses tenía una «imagen positiva» del RPR, un desastre del que sólo es posible consolarse sabiendo que los liberales y centristas de la Unión por la Democracia Francesa tienen incluso una menor estima: el 29%.
