México afronta la reválida del narcotráfico
Estados Unidos debe decidir en breve si da el visto bueno a la lucha contra el narcotráfico emprendida por México. Trece años atrás, el narcotraficante mexicano Juan García Abrego ofreció al cartel de Cali nuevas rutas hacia Texas para asegurar el abastecimiento de cocaína colombiana y amasó así una inmensa fortuna. Dueño de las mansiones más soberbias de Monterrey, García Abrego se dedicó a comprar empresas, automóviles, clínicas, garitos, hoteles o casinos, y forjó un emporio que e extendía desde su natal Tamaupilas hasta los pasos con Estados Unidos. Supersticioso, García Abrego ordenaba las ejecuciones el 17 de cada mes, en memoria de un hermano fallecido ese día.
Las millonadas de García Abrego corrompían ya cargos e instituciones porque, como comprobó alguien, no hay general que aguante un cañonazo de 100.000 pesos (1.800.000 pesetas). Así lo denunciaron, y pagaron con su vida, el director y la jefa de redacción del diario de Matamoros El Popular. "El narcotráfico se está convirtiendo en una amenaza para la libertad de expresión", advirtió José Blancornelas, director adjunto del semanario de Baja California Zeta, herido por cuatro balazos el día 27 de noviembre del pasado año. Murieron, su guardaespaldas y uno de sus agresores.García Abrego cumple 200 años de cárcel y varias cadenas perpetuas en Houston. El ahora difunto Amado Carrillo, el Señor de los cielos y los hermanos Arellano Félix, tomaron el relevo. Continuaron los asesinatos y la penetración en los poderes del Estado mexicano, y el Ejecutivo tuvo que salir al paso a toda prisa porque la corrupción arrasaba.
No es previsible que EE UU castigue a México porque, además de otras consideraciones, comparte una larga frontera e intereses económicos y políticos muy fuertes. Un deterioro bilateral como el registrado con la "descertificada" Colombia puede ser contraproducente.
La oportuna firma, la pasada semana, de una estrategia conjunta contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero, así como las declaraciones oficiales norteamericanas de apoyo a las medidas coercitivas aprobadas por la Administración de Ernesto Zedillo, anticipan una resolución favorable, aunque cuente con el rechazo de algunos parlamentarios.
La secretaria (ministra) de Relaciones Exteriores, Rosario Green, efectúa gestiones diplomáticas para evitar un fallo condenatorio, y públicamente ignora el proceso. "México no acepta la certificación, eso es un problema estadounidense, es una ley estadounidense".
Efectivamente, es una ley estadounidense, pero con efectos extraterritoriales. Pese a las denuncias de injerencia y a las dudas sobre su eficacia, la "descertificación" es cosa seria por sus consecuencias económicas y porque daña la imagen nacional. "Si un país no es certificado se le suspende cualquier venta o financiamiento acordados bajo la Ley de Control de Exportación de Armas", explica Juan Rebolledo Gout, subsecretario para América del Norte y Europa del Ministerio mexicano de Asuntos Exteriores. Pierde además la financiación del Banco de Importación y Exportación y la mayor parte de la ayuda de la Ley de Asistencia Exterior, exceptuando la humanitaria o contra el comercio de drogas. Apretando el dogal, Estados Unidos obstaculiza los préstamos a la nación "descertificada" de los seis bancos multilaterales de desarrollo, incluidos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
México, principal entrada de cocaína hacia Estados Unidos, asegura haber cumplido con sus obligaciones contra una lacra que atenta contra la propia soberanía nacional. Exhibe como logros la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo y de al menos otros 30 militares, y el proceso por blanqueo de dinero contra Raúl Salinas de Gortari.
