El Gobierno quiere que los registradores de la propiedad controlen la contratación

El Gobierno pretende crear un nuevo registro para la contratación masiva, denominado de cóndiciones Generales de la Contratación y ubicado en el Ministerio de Justicia, cuyo control radicará en una corporación semiprivada, los registradores de la propiedad. Dicho control supondrá pata los registradores unos ingresos complementarios de 50.000 millones de pesetas anuales, según la responsable socialista de justicia, Teresa Fernández de la Vega. Las asociaciones de consumidores y Jueces para la Democracia. se oponen al proyecto.

El Gobierno ha remitido al Congreso un proyecto de ley sobre condiciones generales de la contratación, al hilo de la adaptación de la legislación española a una directiva comunitaria que pretende defender los intereses de los consumidores individuales frente a las grandes corporaciones en los contratos masivos. La directiva comunitaria pretende una regulación garantista para los consumidores de los contratos de adhesión que realiza el consumidor individual con grandes compañías, como la Telefónica o las eléctricas.El proyecto de ley, que consta de 23 artículos y dos disposiciones adicionales y cuya ponencia se creará el 1 de diciembre en el Congreso, crea un nuevo registro de Condiciones Generales de la Contratación cuyo control confía a una corporación semiprivada, los Registradores de la Propiedad, y que, además, será retribuida por los usuarios, los consumidores.

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, expresa su "radical desacuerdo" con que los registradores controlen el nuevo registro. "Es un organismo semiprívado que no está dotado para cumplir el papel reequilibrador de defensa de los consumidores frente a las grandes, compañías que debe jugar quien controle el registro". Alonso se de canta porque sean representantes de las asociaciones de consumidores y las empresas, quienes ejerzan ese papel y critica asimismo su ubicación en el Ministerio de Justicia. A su juicio, el registro. debe ser "estrictamente administrativo y depender del Ministerio encargado del Consumo".Alonso denuncia asimismo la privatización, de un servicio público. "La utilización del registro como servicio público debía ser gratuita. Pero el proyecto de ley le otorga, un carácter de privacidad y, por tanto, lo hace oneroso".

Regalo a los registradores

La ex secretaria de Estado, de Justicia, la socialista Teresa Fernández de la Vega, afirma que el pyoyecto dé ley es "un regalo para los Registradores de, la Propiedad, que saldrá de los bolsillos: de los consumidores, quienes para acceder al registro deberán abonar los honorarios correspondientes".El artículo 23 del proyecto, referente al organismo que dirime los conflictos interpuestos en relación con el nuevo registro, es otro punto negro para el portavoz de Jueces para la Democracia. "Resulta insólito y tremendo que sea un organismo como la Dirección General de los Registradores y Notarios, dependiente del Ministerio de Justicia, el organismo que dirima los conflictos entre las resoluciones judiciales referentes a esta materia", denuncia Alonso.Fernández de la Vega indica también que este registro de contratación general siga los trámités de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, con la publicación incluida en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). "Estamos hablando de condiciones generales de la contratación y no de contratos concretos. Todos los ciudadanos - tienen derecho a información de esas condiciones generales y hasta el derecho de hacerlo por cualquier medio electrónico y sin papeleo de clase alguna", señala De la Vega. En cuanto a su publicación en el BORME señalá que "no tiene nada que: ver con el tema que nos ocupa" u denuncia que es otra nueva fuente de ingresos para los Registradores.

La disposición adicional segunda del proyectó, que modifica preceptos de la Ley Hipotecaria que afectan al Registro de la Propiedad, cuenta con la oposición del Consejo de Estado y del Consejo General. del Poder Judicial, que han pedido su eliminación. Esta disposición otorga a los Registradores de la Propiedad el poder para interpretar las peticiones de información sobre el Registro. "Un abogado o un, notarió no pueden obtener el texto literal de las inscripciones para su análisis y dictamen, sino que, lo único que, podrá obtener es el análisis y dictamen emitido por el registrador", señala De la Vega.

La Unión Consumidores de España (UCE) y la Asociación de Consumidores, perteneciente a la Federación de Asociaciones de Vecinos de España (CAVE), rechazan el proyecto .