Los últimos de la mili

EL PARTIDO Popular se presentó a las últimas elecciones generales prometiendo una mili de seis meses y 30.000 pesetas de sueldo para los reclutas. Un año y medio después, el servicio militar dura nueve meses y la soldada está congelada en 1.500 pesetas. El Gobierno alega que ambas promesas han quedado superadas por un compromiso más trascendente: la definitiva profesionalización del Ejército y la consiguiente supresión del servicio obligatorio en el año 2003, fruto del acuerdo con CiU que permitió la investidura de José María Aznar. Es dudoso que este argumento sirva de consuelo a los jóvenes que mientras tanto deben seguir incorporándose con carácter forzoso a los cuarteles.El anuncio de que la mili será suprimida a plazo fijo convierte en especialmente necesarios esos incentivos -reducción a seis meses y mayor sueldo- para los últimos jóvenes obligados a hacerla. La decisión más racional sería, si se ha optado por el Ejército profesional, suprimir la mili de forma inmediata -como hizo Francia- para evitar las tensiones sociales que produce una supresión diferida.

Las medidas adoptadas hasta ahora por el Ministerio de Defensa no van en esta dirección. Ni parece que haya intención de acelerar la implantación del servicio profesional, ni se mejoran las condiciones para los llamados de forma obligatoria en este plazo. La reinstauración del excedente de cupo, que hoy eximirá de la mili por sorteo a 16.442 mozos, es una buena noticia para los agraciados, pero agrava el sentimiento de discriminación entre la mayoría.

A nadie puede sorprender que la objeción de conciencia se haya desbocado y que en octubre se hayan declarado objetores 18.499 jóvenes: 616 al día. Como dijo ante la ponencia parlamentaria el director general de la Objeción de Conciencia, Carlos Lesmes, "nadie va a querer ser el último". Mientras tanto, la cifra de aspirantes a soldado profesional no sólo no aumenta, sino que se reduce: este año se han presentado 8.300 candidatos menos que en 1996, pese a convocarse 2.800 plazas más. La transición del servicio militar al Ejército profesional es un proceso complejo y arriesgado. Al Gobierno hay que exigirle mucha más claridad y rigor del que ha exhibido hasta ahora. Al PSOE, que antes se oponía a la supresión de la mili y ahora propone adelantarla al año 2000, que no pretenda sacar beneficio partidista de este tema. A CiU, que arrancó al PP este compromiso, que se responsabilice también de que llega a buen fin y no piense que un eventual fiasco no acabará salpicándole. El fracaso de este importante proyecto no es inevitable, pero es posible. Cada vez hay menos tiempo para evitarlo.