Un condenado de Alcalá 20, detenido por usar emigrantes ilegales en una obra

VIENE DE LA PÁGINA 1"La obra no reunía las condiciones de seguridad e higiene indispensables para los trabajadores. Diez de los que allí trabajaban estaban en situación ilegal. Carecían de permiso de trabajo, seguridad social, contrato laboral y cualquier tipo de cobertura legal", señaló la Jefatura Superior de Policía.

Tras la detención, la policía dejó en libertad a los diez ciudadanos polacos, aunque no sin antes abrirles expediente de expulsión. Los empresarios Ruiz Plaza y Rascón Bravo pasaron a disposición judicial. Según la policía, ambos "han reconocido los hechos que se les imputan". Este periódico trató ayer sin éxito de recabar su versión. También intentó infructuosamente contactar con la empresa para recoger su relato de los hechos.

"Buena gente"

Los vecinos del inmueble en rehabilitación desconocían que los obreros polacos careciesen de contrato y seguridad social. "Cuando nosotros compramos la vivienda a la empresa CR42 a principios de este año, todo estaba en regla y ellos ya estaban trabajando en la rehabilitación interior y en la restauración de la fachada. Eran gente muy buena, trabajaban muchísimo y siempre estaban dispuestos a colaborar. Todos, excepto uno, eran jóvenes", comentaron varios vecinos que se habían reunido en un restaurante cercano para tratar lo ocurrido. "Desde el lunes no han vuelto por la obra y nosotros no hemos podido hablar con la empresa", añadieron.

El Ministerio de Trabajo manifestó ayer su preocupación por este tipo de casos. "La Inspección de Trabajo, en colaboración con la policía, despliega campañas específicas para acabar con el abuso a inmigrantes clandestinos. Estas operaciones, encaminadas a destapar condiciones de inseguridad y abuso, se dirigen sobre todo a talleres ilegales, aunque están abiertas a otros objetivos", explicó un portavoz de Trabajo. Esta tarea de control, iniciada en 1994, ha dado como resultado unas 20 inspecciones al año; en ellas, una media de 10 a 15 trabajadores ilegales fueron sorprendidos en empresas clandestinas, en su mayoría de nacionalidad china.

"Se trata de un trabajo que se efectúa a instancias de la Brigada Provincial de Extranjería. En el caso del lunes, los agentes avisaron a la inspección a finales de la semana pasada y el lunes nos presentamos. allí. Se ha abierto el correspondiente expediente y se ha puesto en manos de la autoridad judicial", dijo el citado portavoz.

Para el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), el grueso de la explotación de inmigrantes ilegales se da en las reformas de pisos y en la construcción de chalés en la sierra, concretamente en localidades como Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

Trampa diabólica

"Los empresarios tienen muchos trucos y márgenes para escaquear el dinero, pero algunos se dedican a coger a inmigrantes ilegales porque les salen aún más baratos. Les meten a trabajar por 50.000 pesetas al mes en un chalé y allí duermen y comen. Es una trampa diabólica, porque los inmigrantes trabajan coaccionados, ya que, si presentan alguna queja, les despiden sin que tengan defensa posible, y, si el inmigrante va a más, pues le denuncian por su situación ilegal y le expulsan del país. El resultado de todo esto es un mercado negro, oculto, del que ni siquiera trascienden los accidentes que se producen en las obras", afirmó el responsable de Salud Laboral en la, Construcción de CC OO, Braulio Ballestero.

La Unión General de Trabajadores (UGT) también lamentó esta "confirmación" de la situación de irregularidad e inseguridad que sufre la construcción. "Hoy tenemos un ejemplo, de tantos que existen, sobre cómo se explota laboralmente a los trabajadores más desprotegidos, en este caso trabajadores inmigrantes. Exigimos un registro para aquellas empresas que se han constituido en industrias, de manera que se pueda comprobar su estructura organizativa y responsabilidad económica. La ilegalidad supone una falta de protección social", indicó en un comunicado UGT.