La corrupción, ese gran aliado

La práctica de la tortura en las comisarías de Turquía es sistemática y generalizada y la democracia turca no ha tenido nunca capacidad o voluntad para poner coto a esta lacra que tanto perjudica a la imagen exterior y la credibilidad de este Estado. Lo han denunciado organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales turcas y lo han reconocido miembros del propio Gobierno turco, aun que siempre con matices. Los últimos gobiernos turcos no han podido despachar ya estas denuncias como propaganda antiturca. Y ha habido ministros, especialmente en el Gobierno anterior al actual de mayoría islamista, que han re conocido que si algo perjudica a Turquía en sus aspiraciones de integración en Europa no es la denuncia de las torturas sino su existencia.Sin embargo, sí parece claro que el Gobierno y por extensión la clase política turca se divide entre quienes tienen voluntad de impedir la tortura pero carecen de poder para hacerlo y quienes podrían ejercer algún poder efectivo para hacer frente a esta violación cotidiana de las leyes turcas en comisarías pero temen enfrentarse a una policía a la que muchos de ellos están unidos por un tupido entramado de intereses. Es así como las denuncias contra la tortura, que con el caso Götkepe tienen por primera vez un amplio eco en la sociedad turca, desembocan en un debate mucho más amplio -y peligroso para ciertos sectores de la clase política- sobre la existencia de una inmensa trama mafiosa en el Estado turco.

En ella están implicadas las direcciones de los partidos tradicionales, la policía, las mafias del narcotráfico, del juego, el lavado de dinero y de la industria del secuestro, y la ultraderecha, cuyo principal brazo armado, los lobos grises, hacen de elemento integrador entre las partes. Utilizando en gran parte la estructura civil de defensa, Gladio, creada durante la guerra fría -cuya existencia desató un grave escándalo político en Italia hace unos años-, este estado mafioso en el seno del Estado turco se ha convertido en una inmensa y floreciente industria. Pero sus miembros y miles de beneficiarios saben muy bien que su prosperidad depende de su cohesión interna y que abandonar hoy a la policía en su lucha por el derecho a seguir torturando impunemente puede suponer que mañana jefes de policía declaren lo que saben sobre los métodos con los que se han creado impresionantes fortunas en los últimos años, entre ellas la de la ex primera ministra Tansu Çiller, hoy ministra de Asuntos Exteriores y dirigente del partido minoritario en la coalición con los islamistas de Erbakan.

Los negocios de Çiller y su marido son, para muchos políticos y observadores consultados en Estambul y Ankara, la clave para entender por qué Çiller ha hecho posible este Gobierno que está claramente en conflicto con las alianzas internacionales y los intereses generales de Turquía en su integración en Occidente. La mayoría parlamentaria de islamistas y del partido de Çiller ha puesto fin sin mayores problemas a las comisiones de investigación sobre la corrupción de la ministra y su marido.

Çiller ha reconocido en varias ocasiones la existencia generalizada de tortura y ha llegado a pedir a la policía que se deshaga de su instrumental de tortura, existente en todas las comisarías. Nadie cree sin embargo que Çiller, ni antes en la jefatura del Gobierno ni hoy como viceprimera ministra, vaya a ir más allá, ya que es ella la que más tiene que temer que se rompa la referida solidaridad o ley del silencio en el seno del Estado.

La policía turca fundamenta su posición de fuerza en la sociedad ante todo en el miedo al terrorismo. En el seno del Estado se ha convertido ya en una fuerza autónoma gracias a su protagonismo en esta red formada por las fuerzas especiales antiterroristas, el narcotráfico, la corrupción política y la extrema derecha.