PSOE y PP aprueban por consenso la nueva gestión de la sanidad pública

La ley que permitirá nuevas formas de gestión para el Sistema Nacional de Salud, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, ha dado gusto a casi todos. Sólo IU se opuso por ver resquicios para la privatización. Según el texto, la sanidad pública podrá ser gestionada por entidades de "naturaleza o titularidad pública", lo que da cabida a consorcios, como los catalanes -con participación privada-, o fundaciones públicas, como en Galicia.

Diez meses ha costado el consenso de ayer de 290 votos a favor del proyecto de ley sobre gestión de la sanidad pública, que en un principio sólo se ideó para el territorio Insalud. "El decreto que aprobó el Gobierno en junio era la privatización total de la sanidad. La ley que hemos aprobado cierra esta posibilidad", asegura con rotundidad la diputada socialista y ex ministra de Sanidad, Ángeles Amador, para argumentar el apoyo finalmente de su partido.El nuevo texto, que da luz verde a la gestión conforme al derecho privado de los hospitales y servicios sanitarios públicos, ha introducido como garantía legal el que ésta sólo pueda ejercerse mediante entidades de "naturaleza" o "titularidad" pública. Sin embargo, y según algunos, expertos, este primer concepto -introducido en el Senado por CiU- da cobertura a las iniciativas ya implantadas en Cataluña, donde la gestión de centros públicos es compartida con cooperativas de médicos o empresas privadas.

El diputado del PP, César Villalón, se felicitó por el amplio apoyo a la ley e insistió en sus ventajas para "conseguir una gestión más ágil y competitiva de la sanidad pública". Amador, no obstante, lanzó un aviso a navegantes: "Esto no es un manto protector, ni legitima decisiones, ni en Manacor, ni el Alcorcón, que planteen medidas de privatización de servicios". El PSOE ya ha presentado una proposición para que se adapten en este sentido los estatutos de estas dos primeras fundaciones del Insalud.

Ley de Farmacias

El PP sigue sin pronunciarse sobre si, a la luz de esta ley, es viable el polémico hospital de Alzira (Valencia), cuya gestión se quiere dar por contrato a una empresa privada. Lo que para Amador es a todas luces una ilegalidad, Villalón no lo condena, por entender que "entra en un ámbito muy general de leyes que afectan a las Administraciones públicas".Aunque con menor apoyo parlamentario votos a favor frente a 140 en contra fue aprobado también el proyecto de ley de ampliación del servicio farmacéutico. Para dar su apoyo, los partidos nacionalistas se opusieron a las enmiendas del Senado que pretendían convertir esta ley en una normativa básica para todo el Estado.

El resultado final es que. la regulación aprobada, que prevé una oficina de farmacia por cada 2.800 habitantes y una distancia mínima entre ellas de 250 metros, deja margen a las comunidades autónomas para establecer el servicio en función de sus características propias y necesidades de población.