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España se compromete a reciclar el 50% de los envases en cinco años

El Parlamento aprueba una ley para reducir los embalajes

La trasposición de una directiva europea para reducir la producción de envases y reciclar los que se elaboran logró ayer el visto bueno del Parlamento. El acontecimiento llega con un año de retraso, según la portavoz socialista y ex secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que redactó el borrador base. Para la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, es motivo de orgullo para los españoles. "Hemos conseguido poner en marcha el principio de las tres erres; reducir, reutilizar y reciclar los embases y embalajes, un empeño que no logró el PSOE en 14 años de mandato", dijo al salir del hemiciclo, nada más aprobarse en el pleno del Congreso.La complacencia de la ministra, sin embargo, no era completa, porque la oposición ha logrado incorporar al primer texto legislativo básico sobre la materia, el compromiso de reducir un 10% la fabricación de envases, con el que no está de acuerdo. "Éso es un brindis al sol", dijo Tocino; "no hay mecanismos para controlarlo, la ley no articula medidas para exigir su cumplimiento, ni sanciones para las infracciones".

A partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado el tiempo empezará a contar para cumplir sus objetivos: fomentar la reducción de los envases,que suponen la mitad de los 14 millones de los desperdicios producidos al año en España. Antes del año 2001 se valorizará (reutilizar) entre el 50 y el 60% de la totalidad de los residuos de evases generados; se reciclará entre el 25 y el 45% y se disminuirá un 10% su producción.

Puntos verdes

Los ciudadanos pagarán un sobrecoste (entre 20 y 40 céntimos) en el precio de adquisición de los productos envasados para financiar ese proceso. Según Isabel Tocino, serán las asociaciones empresariales quienes paguen a los ayuntamientos ese coste adicional de forma que no. sean éstos los que lo repercutan en tasas de basura o similares. La ministra calcula que su gestión generará un negocio de 40.000 millones de pesetas anuales y puestos de trabajo.Todo depende de la prisa que se den las comunidades autónomas en poner en marcha los compromisos de la ley. El Ministerio de Medio Ambiente, según anunció su titular, se compromete a presentar el reglamento que desarrolla la ley antes de fin de año. Con ambos marcos legales como referencia son las autonomías Ias responsables de aplicarlos mediante la implantación de los llamados puntos verdes -lugares donde los ciudadanos depositan los envases clasificados; vidrio, papel o plástico- y las que otorgarán licencias para operar en la gestión de su tratamiento o reciclado.

La posibilidad de fabricar envases no retornables pasa a la historia.

Para Cristina Narbona, la ley se quedará en papel mojado sin un plan nacional de residuos sólidos urbanos. Lamenta que no se haya podido incluir una reducción de la producción de PVC en consonancia con varios grupos de ecologistas, como la CODA, AEDENAT o Greenpeace. Estas organizaciones reprochan al ministerio que en la redacción de la ley sólo ha tenido en cuenta los intereses de la industria del envase y los fabricantes de plástico. Sospechan que favorecerá la incineración, procedimiento que consideran tóxico, nocivo y perjudicial para el medio ambiente.

Los fabricantes de PVC, por el contrario, se apresuraron a manifestar "su satisfacción porque la ley no aplique restricciones ni al PVC ni a ningún otro material ".'Esta exclusión, según su portavoz José María Sala, sitúa a las empresas españolas en igualdad de condiciones a sus homólogas de la UE.

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