El problema de las farmacias

El año 1996 fue, en alguna medida, el de las farmacias. Ello, en buena parte, se debe a la acción del Gobierno popular en el sector. Cuando el pasado 17 de julio se aprobaban nuevas medidas, por vía decreto, sobre las farmacias se levantaron numerosas voces en contra, tanto por la forma empleada como por el fondo de sus contenidos. Dichas medidas se refieren a la liberalización parcial del sector farmacéutico, que ha sumido en un pequeño caos a los colectivos que tienen cartas en el asunto: farmacéuticos, colegios, licenciados en paro y las propias autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. A unos porque les parecen claramente insuficientes y a otros porque piensan que cualquier retoque del sistema debe estudiarse y consensuarse concienzudamente.Uno de los colectivos más directamente implicados y que más presión han ejercido en el debate farmacéutico ha sido el de los licenciados en paro. Existe, es cierto, un excesivo número de estudiantes (España tiene una de las tasas más elevadas de farmacéuticos dentro de la Unión Europea: 99 profesionales por cada 100.000 habitantes), que sólo puede ser corregido por las autoridades educativas. El número de estudiantes de farmacia en España asciende a 25.000 alumnos y el de licenciados alcanza los 2.300 al año. Siendo España el quinto país de la Unión Europea en población es, sin embargo, el primero en número de licenciados y el segundo en número de estudiantes. El 27% del total de nuevos licenciados europeos sale de las aulas españolas. De otro lado, el hecho de que no sean titulares de una farmacia no indica que pertenezcan al colectivo de parados. Actualmente hay registradas hasta 47 salidas profesionales distintas. Es paradójico, en este contexto, que en España el número de facultades ha pasado de cuatro a 11 en los últimos años.

Si nos atenemos al marco recién creado, se delega en manos de las comunidades autónomas las competencias sobre apertura de nuevas oficinas de farmacia. Con esta nueva situación podríamos acabar con 17 marcos reguladores distintos, un hecho que añade más confusión a un sector ya de por sí bastante caótico, que en nada ayuda a lograr la uniformidad que a todo sistema de salud se le supone. A pesar de que se han fijado unos nuevos módulos de población (ahora son de 2.800 personas por farmacia, frente a las 4.000 de la anterior legislación), en la expectativa de que se abran nuevas farmacias que contribuyan a reducir el paro en el sector, los resultados, mucho me temo, serán totalmente opuestos. Hay razones suficientes para defender esta afirmación. Actualmente, el umbral de rentabilidad farmacéutica en España está en tomo a los 59,5 millones de pesetas. Como la venta media es de 55,7 millones de pesetas, resulta que en España no faltarían farmacias, sino que, por el contrario, sobrarían 1.000 aproximadamente, según un criterio de estricta rentabilidad económica. También podría pensarse que la capilaridad de nuestro sistema farmacéutico no se adapta a las necesidades, por lo que necesitamos más farmacias. Sin embargo, esto tampoco es cierto. España, con una red de más de 18.000 farmacias -lo que representa 2.098 habitantes por farmacia-, es el tercer país dentro de la Unión Europea, por detrás de Grecia (1.478) y Bélgica (1.992) en lo que a cobertura se refiere.

Con estos datos en la mano, no es extraño comprobar que las críticas hayan llovido desde casi todos los frentes. Más bien el desajuste haya que buscarlo en las presiones para conseguir el mayor número de competencias sobre farmacias, con las reticencias del Estado para delegarlas. En primer lugar, son las propias comunidades autónomas las que se quejan del carácter impositivo de la norma, de la insuficiencia de su alcance y del escaso margen de maniobra que les permiten. Aprovechando unas jornadas que tuvieron lugar en Madrid hace unos meses sobre especialidades farrilacéuticas y parafarmacia, el responsable de Castilla-La Mancha en esta área, Sabino Fernández, dijo que, aplicando la nueva normativa en la comunidad manchega, solamente se podrían crear cuatro nuevas farmacias, frente a las 250 que tienen previsto abrir próximamente como fruto del anteproyecto de ley que tramitan en la actualidad. Persevera en esta misma línea crítica el consejero andaluz de Sanidad, José Luis García Arboleya, cuando califica de inconstitucional el decreto. Se apoya en la disposición primera de la norma, que advierte sobre el carácter de legislación básica de lo decretado, por lo que el tipo de categoría normativa utilizado en el decreto invalidaría por defecto de forma lo legislado. También se advierte una clara contradicción al señalar que se remitirá al Congreso una ley general de ordenación, mientras que, por otro lado, se deja a las comunidades autónomas que fijen tanto los límites de libertad de horario como los procedimientos de apertura de nuevas oficinas. Incluso el responsable catalán de Farmacia, Eugeni Sedano, precisó que en el trámite parlamentario para la aprobación de este nuevo marco se deberán mejorar algunos aspectos.

Todo esto no viene sino a confirmar las falsas expectativas arrojadas como consecuencia de las incansables alabanzas a favor de la liberalización. Llama la atención que la única justificación encontrada para la precipitación del nuevo decreto fuera la demanda social que existe para mejorar el servicio. Es paradójico que las encuestas de opinión no revelen este aspecto ni tampoco lo haga el estudio del sistema sanitario español que dirigió Femando Abril Martorell. Todo ello lleva a especular sobre los grupos de interés que están detrás de esta operación: grandes superficies y multinacionales. Sería lógico acudir, para resolver este enredo, a los propios profesionales del sector y, desde ahí, entablar un debate sobre las reformas razonables, en función siempre de lo que debe ser un servicio integral de salud que desaconseje cualquier fragmentación del mercado farmacéutico.

Javier Cremades es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UNED y en el ICADE.