El tabaco, satanizado
FUMAR SE hace cada vez más difícil en Estados Unidos, pero producir y vender tabaco es también mucho más caro para las compañías. Incluso multimillonariamente más caro. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo norteamericano avala una ley aprobada en el Estado de Florida hace tres años mediante la cual se faculta a la sanidad pública para exigir de las compañías tabaqueras los gastos ocasionados por la enfermedad de sus fumadores. Esta misma ley se encuentra en vigor en Misisipi, y, en conjunto, 22 Estados han presentado ya demandas ante los tribunales para que se les indemnice por el dinero aplicado a casos de enfisema, enfermedades coronarías y cáncer de pulmón, asociados al consumo de tabaco. De un billón y medio a dos billones de pesetas es el presupuesto que destina la sanidad pública norteamericana a estos supuestos. Se comprenderá en qué seria amenaza económica están las tabaqueras y su necesidad de cambiar su mercado y sus estrategias.En cuanto al cambio de estrategia, el grupo Liggett -fabricante de Chesterfield, Lark y L&M- ha elegido el camino de una moderada sumisión. Liggett se ha manifestado dispuesta a imprimir en sus paquetes que "fumar causa adicción y produce cáncer"; está dispuesta a facilitar a las autoridades documentos secretos de la industria donde se muestra tanto su viejo conocimiento sobre los males del tabaco como la nueva política publicitaria para atraer consumidores entre los 14 y los 18 anos; y está en condiciones de reconocer sus responsabilidades indemnizando públicamente con 3.500 millones de pesetas y un 2,5% de sus beneficios antes de impuestos en los próximos cinco años.
Liggett aparece de este modo ante sus colegas y competidores, sea Philip Morris, Reyriolds o Brown & Williamson, como un traidor. Pero su actitud pactista sería el indicio de la apurada circunstancia por la que atraviesa el sector. Tanto más apurada cuanto más crece la doctrina neoliberal, puesto que la razón sanitaria se ha prolongado de hecho en una cruda razón mercantil. De hecho, ya no importa, contra el argumento de los abogados de Philip Morris, que las compañías adviertan de los peligros del tabaco en los paquetes. El hecho decisivo para el Tribunal Supremo es que fumar cuesta dinero a la hacienda pública. El fumador paga en parte su deterioro con los impuestos que gravan el paquete, pero, además, está el caso de los fumadores pasivos (50.000 muertos al año), los incendios, las pérdidas de productividad...
La condena del tabaco empezó teniendo en la historia europea del siglo XVII un contenido moral. Luego, la medicina tomó el papel punitivo de lo religioso, y más tarde, la economía se ha convertido en la normativa capital. Los tres ingredientes están presentes en la actual represión del tabaco, como antes en Estados Unidos estuvieron unidos en la ley seca. Nadie puede dudar de los graves males que para la salud se deducen del hábito de fumar. Nadie, a estas alturas, puede poner en duda los beneficios de cualquier campana que reduzca el consumo de tabaco. Lo sospechoso, sin embargo, es la intensidad con la que se ha satanizado en Estados Unidos un consumo que tuvo en este mismo país su primera plataforma de divulgación y de negocios. Las mismas razones de carácter económico que hace unos cincuenta años extendieron su gran consumo por Occidente son ahora las que aconsejan, sobre otras consideraciones, su restricción en el interior. Mediante prohibiciones espaciales, mediante multas y sentencias judiciales, la hacienda nacional va reduciendo gastos y, aumentando la productividad. En cuanto al destino de las grandes tabaqueras norteamericanas, todo el Tercer Mundo más parte del Segundo y del Primero continúan siendo suficientes para continuar la potencialidad de su expansión.
