Enseñanza pública
El profesorado de la enseñanza pública abajo firmante, que imparte Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en pueblos de la zona norte de Madrid, profundamente preocupado por los recortes presupuestarios en educación y las declaraciones de la señora ministra en la revista Escuela Española y en el diario EL PAÍS del 2 de diciembre de 1996, quiere aclarar ante la opinión pública lo siguiente:No es cierto, señora ministra, que los profesores de Enseñanza Secundaria trabajemos 21 horas a la semana. Nuestro trabajo está regulado por la Ley de Función Pública y la circular del 5 de julio de 1994: 30 horas de trabajo en el centro y 7,5 horas para la preparación de clases, corrección de trabajos y exámenes; hasta hacer un total de 37,5 horas semanales. Estas dedicaciones no deben ser omitidas, si se conoce esta realidad. Ignorarlo desprestigia al profesorado y a la enseñanza pública, que usted también representa. No es posible mejorar la calidad de la enseñanza bajando los presupuestos, ya que para el curso actual hemos empeorado en:
1. Aumento de un 10% del número de alumnos por profesor (ratio) en la ESO (12-16 años), y aún más grave: aumento también de las ratios en los grupos de integración, que acogen a alumnos con necesidades educativas especiales y que, según la ley, no deben exceder de 25 por grupo.
2. Han reducido o hecho desaparecer de las plantillas al profesorado que se ocupa de los des dobles en biología, física y química y geología. Eso significa que parte de la programación no se puede impartir. Otro tanto sucede con los desdobles de idiomas, con lo que los alumnos apenas podrán realizar prácticas de conversación. Lo mismo sucede con las horas de apoyo, recuperaciones y refuerzos.
3. Dificultad de impartir los programas de diversificación curricular previstos para alumnos con dificultades de aprendizaje, que suelen coincidir con las familias de menos recursos, ya que no se dotan todas las vacantes.
No hay que poner todo el énfasis en la selectividad, sino que hay que dar también alternativas desde la Formación Profesional reglada: ampliando la red de ciclos formativos de grado medio y superior, de gran demanda e implantación escasa, y dando una alternativa global al alumnado que no llega a alcanzar los objetivos de la ESO. Este asunto ya quedó sin consolidarse durante el Gobierno anterior, al faltar una ley de financiación del sistema educativo. Afrontar el reto europeo, por el que su Gobierno parece apostar tanto, sólo será posible cuando se disponga de una formación profesional homologable con la de otros países.La privatización que usted parece pretender se aleja mucho del principio de gratuidad e igualdad de oportunidades. Son ejemplos claros: el carácter excepcional de centros privados que acogen alumnado de integración; en la educación privada se cobra por todo y se acusan carencias en participación y derechos de los trabajadores. Esperamos que este escrito sirva para la reflexión y llamada para mejorar la enseñanza pública, que ha ido incrementando su calidad y extensión en últimos 20 años y es siempre susceptible de superación.
Usted dice que busca la calidad de la enseñanza pública, pero la realidad que ha encontrado es un serio retroceso debido al recorte presupuestario -que viene a sumarse a una debilitada implantación de la reforma- del que todos somos conscientes: los docentes, el personal de administración y servicios, alumnos y padres.- .
