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Tribuna
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Imputados y ofendidos

Miguel González

Supongamos que la juez del caso Arny, sobre corrupción de menores, citase como imputado al director de un importante periódico. La sensacional noticia sería motivo de general escándalo y arruinaría la vida profesional, tal vez familiar, de su protagonista. Al cabo de unos días, ya en el juzgado, la instructora explicaría al para entonces conocido como "periodista implicado en el caso Arny" que, en realidad, le considera completamente ajeno a la red de prostitución infantil y sólo pretendía preguntarle por las fuentes de una información publicada en su periódico. Si le había inculpado, añadiría excusándose, no fue más que para asegurarse de que sus derechos están protegidos y puede declarar asistido de abogado.Algo parecido sucedió al director del servicio secreto Cesid, Javier Calderón, imputado en el llamado caso Mengele, el presunto uso de mendigos como cobayas para experimentar con un fármaco. De ser cierta, se trata de la historia más espeluznante de cuantas han salido a la luz mediante la filtración de los papeles, auténticos o apócrifos, del Cesid.

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Cuando Garzón le citó como imputado ya sabía, porque se lo había manifestado por escrito el propio Calderón, que el director del Cesid no puede revelar la identidad de sus agentes, so pena de incurrir en delito. Así lo dispone la legislación vigente, que se presume cualquier juez debe conocer.

Pese a ello, Garzón citó a Calderón como imputado. Por su bien, según le explicó, para que tuviese más garantías. Incluso en fútbol se aplica la ley de la ventaja y al jugador víctima de una falta no se le detiene cuando va a marcar el gol para ejecutar un castigo mucho más beneficioso para el adversario. En algún sitio debe constar que a nadie puede obligarse a ejercer un derecho que le perjudica notoriamente. Al menos, debiera tener la opción de elegir.

Garzón retiró los cargos contra Calderón después de que declarase. La dinámica de la información lleva, sin embargo, a que la inocencia sea menos noticia que la culpabilidad. Tampoco es fácil trasladar a la. opinión pública la diferencia que existe entre imputado, inculpado, procesado o condenado.

Pero la sutileza es importante. El imputado no sólo tiene asistencia letrada sino que puede mentir sin consecuencias penales, al contrario que el testigo. Por eso, la declaración de un imputado deja siempre un poso de sospecha que seguramente no desea quien la hace. Además, la imputación permite al juez volver a acusar en el futuro, sin tener que repetir una declaración que cumple todos los requisitos procesales.

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El poder de los jueces, y también de los periodistas, para dañar la imagen de cualquier ciudadano, y no sólo de los personajes públicos, es inmenso. De ahí que tanto unos como otros debieran medir sus imputaciones con cuidado exquisito. A la vista de lo sucedido, la inculpación de Calderón parece tan espectacular como infundada. Salvo que el juez, en el secreto de su sumario, disponga de algún dato todavía ignoto. Pero el secreto, tan criticado cuando lo esgrime el Gobierno, no puede ser coartada para la impunidad, tampoco de los jueces.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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