El fiscal pide 12 años para el médico acusado de vender recetas a toxicómanos
El médico de Rentería (Guipúzcoa) acusado, junto a su esposa, de haber vendido recetas a toxicómanos destruyó la gran mayoría de las fichas de sus pacientes al saberse investigado, según admitió ayer el propio inculpado en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia de San Sebastián. "La caridad empieza por una mismo", indicó el acusado, tras explicar al tribunal que destruyó los informes médicos de sus pacientes para salvaguardar la confidencialidad porque anotaba los delitos de robo que le confesaban.Ante el dato, subrayado por la acusación, de que sólo se han encontrado 60 fichas de pacientes -12 de ellas en blanco- de un total de 400, el acusado explicó que estaba reelaborando los informes despojándoles de los datos no estrictamente médicos.
La Fiscalía pide para el médico, Oscar Frías, y para su mujer, Benedictina Vilariño, sendas penas de 12 y 10 años de cárcel, respectivamente, así como 150 millones de multa por un delito de atentado contra la salud pública. Según el fiscal, el médico suministró 6.000 recetas de productos incluidos en las listas internacionales de psicotrópicos o estupefacientes, como Buprex, Deprancol y Trankimazín, entre 1992 y 1994. En su calificación provisional, la acusación sostiene que las recetas eran expedidas sin control ni tratamiento médico alguno "ante la mera alegación de ser adictos a las sustancias estupefacientes". El número de toxicómanos atendidos por el inculpado en su domicilio particular ronda los 400 y el precio que cobraba por receta oscila entre las 1.800 y las 2.200 pesetas.
Estado de necesidad
A preguntas de la acusación y de su defensa, el médico justificó su comportamiento apelando a la necesidad de atender a los toxicómanos, "gente pobre, necesitada de ayuda", dijo, que acudían a su consulta. Definió como un "error semántico" la idea, expuesta en la instrucción por algunos de sus pacientes, de que vendía recetas y atribuyó el equívoco al hecho de que que él fraccionaba los pagos del tratamiento por el que cobraba entre 12.000 y 14.000 pesetas.Los acusados contaron en su defensa con los letrados de la asociación contra el narcotráfico, Adore, conocida por sus denuncias contra el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.
