España acomete el primer estudio de muertes por cáncer entre 400.000 vecinos de nucleares
La alarma en tomo a Almaraz dispara la polémica sobre el control sanitario de estas áreas
Chernóbil estaba en el ambiente hace un mes cuando vecinos de localidades cercanas a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) empezaron a pensar que algunos de sus sufrimientos podían estar relacionados con la radiactividad. Malformaciones y cierto tipo de cáncer óseo han movilizado a cuatro pueblos sin que, de momento, encuentren eco en sus médicos, que consideran la incidencia dentro de lo normal. Pero los vecinos reclaman un estudio epidemiológico. En cierto modo, ya está en marcha. El Instituto Carlos III lleva a cabo una investigación sobre mortalidad por cáncer entre 400.000 habitantes próximos a nucleares españolas. El Consejo de Seguridad Nuclear participa en otro en 12 países, que analiza a casi un millón de trabajadores.
En Almaraz, a las puertas de la central, la población no sólo no refiere problemas de salud, sino que se levanta en armas si le tocan el medio de su sustento. Sentadas al fresco de la tarde, las mujeres sueltan mientras remiendan: "Eso es cosa de los verdes. O de los comunistas. Aquí estamos todos muy sanos. Mire y entre a ver los chavalones que tengo en casa". Los dos reactores de la central, que echaron a andar en 1981 y 1983, generan el 10% de la electricidad nacional. Dentro de quince días, la central parará tres meses para la recarga del combustible y para cambiar los generadores de vapor, rotores de las turbinas y tapas de las vasijas. Una operación de 47.000 millones de pesetas, que dará trabajo a 1.900 personas, aparte de las mil de plantilla.Veinte kilómetros más allá, en Jarandilla de la Vera, Jaraiz y Talayuela, mentar la central es mentar al demonio. Jacinto Torrecilla no se acerca a la zona ni por los partidos de fútbol del hijo. "Cosas buenas no trae eso, está clarisimo". Contratista, de 49 años, Jacinto tiene una niña de 11 que nació sin parte del brazo derecho. "Me preguntaron entonces que si vivía cerca de una central nuclear", recuerda Victoria, la madre. "Pero, bueno, al final dijeron que podía deberse a cualquier cosa". Había olvidado aquella referencia hasta que Máximo García, el de Talayuela, empezó con lo de su hijo, y además cayeron en la cuenta de que también nació sin brazo hace tres años la niña de Montse, su vecina.
La 'fuga' de 1988
El hijo de Máximo, de 13 años, lleva nueve meses en tratamiento por un sarcoma de Edwin, un tipo de cáncer óseo. Y el chaval de un empleado suyo murió de lo mismo, dice. Pero ya no habla tan abiertamente como hace un mes cuando su caso empezó a airearse por los medios de comunicación. El miedo a que la historia de la radiactividad afecte al turismo y venta de productos agrícolas de la zona empieza a enfrentar a los vecinos: "Yo no quiero hacer daño. Si lo hago, me callo y ya está". Sostiene que hay "siete casos de sarcoma en un pueblo de sólo 8.000 habitantes, 19 mujeres con cáncer de mama en la raíz, críos con malformaciones y muchos, muchos abortos".Máximo se quedó con la copla de la posible relación entre el cáncer de su hijo y la radiación cuando se lo sugirió un médico del hospital Niño Jesús de Madrid. Ahora se ha aprendido el lenguaje nuclear y repite, como los padres de las niñas con malformaciones, que en 1988 hubo un escape. La fuga de ese año se ha convertido en algo recurrente, y les cuesta creer a quienes les explican que no hubo impacto en el exterior.
José Méndez, portavoz de la central, subraya: "Lo único que pasó es que un tubo del generador de vapor se perforó; pero la fuga era interna, del circuito primario, el del reactor, al secundario, el de la turbina". La central estuvo parada 28 días. El CSN -un organismo independiente, controlado directamente por el Parlamento, y en el que trabajan 200 técnicos- emitió el siguiente comunicado: "Durante la fuga sólo hubo escapes al exterior en forma gaseosa, en una cuantía tal que no supuso riesgo radiológico adicional para la población, ni superación de los límites".
Los habitantes de la Vera extremeña insisten en declararse al margen de la guerra de las nucleares. Sólo quieren que un estudio aclare si están o no en riesgo. Destacados epidemiólogos consultados apoyan la conveniencia de hacer una investigación de campo, incluso de oficio por la Junta de Extremadura, institución que aseguró que no tiene previsto hacer un seguimiento médico de la población.
El estudio epidemiológico ya se está haciendo, y a gran escala. Hace pocos meses, un equipo del Instituto Carlos III, de Madrid, emprendió una investigación de tres años para analizar la mortalidad por cáncer en los municipios españoles situados en un radio de 30 kilómetros de las centrales nucleares. Los 56.000 vecinos del área de Almaraz están incluidos. En total abarca a 400.000 personas, con registros de entre 1975 y 1993. "No ha habido un desencadenante concreto para emprender este trabajo", explica su responsable, el epidemiólogo Gonzalo López Avente. "Simplemente, hay que saber lo que sucede en el entorno de las centrales". En un año se espera obtener los primeros resultados.
Además, Australia, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, EE UU y Canadá se han unido, coordinados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, para realizar otro estudio de gran envergadura: evaluar el riesgo de cáncer en trabajadores de la industria nuclear expuestos profesionalmente a bajas dosis de radiaciones ionizantes. En total: 900.000 personas (en el mundo funcionan 432 centrales nucleares); 5.000 de ellas en España, en los nueve reactores nacionales. Las conclusiones, en 1999.
