Aire frío hacia Cuba

EL CAMBIO de política oficial española hacia Cuba, por más que fuera anunciado por el Partido Popular y expreso en su programa electoral, no parece dar paso a una política alternativa clara. El Gobierno de José María Aznar ha decidido suspender la ayuda oficial a La Habana, manteniendo la de carácter humanitario. Ni el cómo ni el cuándo parecen acertados.El momento elegido por el presidente del Gobierno para anunciar la suspensión de la ayuda oficial española -el pasado sábado, con ocasión de la visita de trabajo del vicepresidente de EE UU, Al Gore, a Madrid- merma la posición española política y moral, si bien no jurídica, contraria a la próxima aplicación de la llamada ley Helms-Burton. Con esta discutida medida legal, Washington se propone actuar contra las empresas extranjeras que "trafiquen" en Cuba con bienes expropiados en su día a ciudadanos o entidades estadounidenses. Este intento de Washington de ejercer represalias contra la libertad de comercio de otros Estados está causando ya tensión en las relaciones transatlánticas, incluso con países como el Reino Unido, Alemania o Canadá, cuya relación con Cuba dista mucho de tener la calidad de la española.

No es de extrañar, pues, que Gore agradeciera el gesto del Gobierno español. Pero posiblemente haya sido Aznar más papista que su ilustre invitado, miembro de una Administración para nada entusiasta con una ley cuyo origen radica más en consideraciones electorales e ideológicas que en intenciones democratizadoras. No debería sorprender si tras las elecciones presidenciales de noviembre Washington cambia su política hacia el régimen castrista y deja desairada a la nueva política española hacia La Habana.

Cuba ha sido desde hace años uno de los pocos puntos de discrepancia entre el PP y el PSOE, en materia de política exterior. Ambos coinciden en el objetivo final de lograr una transición pacífica en la isla hacia una democracia plena y una economía de mercado. Pero hay diferencias de fondo respecto al método. Los gobiernos anteriores querían fomentar el cambio por medio de una reforma gradual -una transición- del propio régimen castrista y de su sistema económico. Para ello -y para propiciar las inversiones españolas en la isla- se ha utilizado en parte la ayuda oficial al desarrollo y la propia asistencia y consejos directos. La anterior política consideraba que la presión económica ejercida por EE UU con su embargo no sólo dificulta una transición pacífica y ordenada sino que refuerza, al menos temporalmente, al régimen castrista y su resistencia al cambio.

La política del anterior Gobierno español hacia Cuba no ha tenido, sin duda, los resultados apetecidos. No ha logrado el cambio que se proponía en la política de Castro, ni en el terreno de las reformas políticas y económicas, ni en el del respeto a los derechos humanos. El Gobierno de Aznar -en este terreno en un tono más ideológico que su predecesor- se ha propuesto romper con esa línea. Pero no ha explicado si cuenta con una estrategia alternativa para fomentar un cambio pacífico en Cuba que, además, no perjudique a los intereses económicos españoles.

En la ayuda oficial que recibía de España, Cuba ha tenido un tratamiento similar al de otros países centroamericanos. En 1995, La Habana recibió 1.879 millones de pesetas en ayuda oficial bilateral, un 1,9% del total, a la que hay que sumar la ayuda multilateral, que España no puede suspender unilateralmente. Estas cantidades, importantes para una economía desastrosa como la cubana, se han dirigido, entre otros, a programas de cooperación social, de asesoría económica y de formación, además de ayuda de urgencia y humanitaria. Más allá de sus intenciones generales, es de esperar que el Gobierno de Aznar al menos introduzca criterios selectivos en su nueva política para preservar la dimensión humanitaria de la ayuda y mantener programas que faciliten un cambio positivo y sirvan a los cubanos a estar mejor preparados para el día después.