Arabia Saudí recurre a estratagemas judiciales para aplicar la pena de muerte a los opositores políticos
Tras colocarse después de China en el número de ejecuciones al año, los verdugos oficiales de la monarquía de Arabia Saudí están ahora asestando golpes de cimitarra no sólo contra los delincuentes comunes. Ahora, dicen fuentes fiables, el multimillonario pero ideológicamente obsoleto reino petrolero está recurriendo a estratagemas judiciales para liquidar, con uno o más sablazos, a los opositores políticos.En el reino de Arabia Saudí han rodado, en lo que va del año, las cabezas de 142 personas bajo la estricta ley islámica o sharia. No existen datos precisos de las amputaciones de manos y pies, pero, según viajeros procedentes del reino, en las calles del país cada día hay más mutilados. Algunos le llaman "el agosto de los verdugos".
El debate sobre la pena capital no tiene eco alguno en Arabia Saudí. Es más, es un tabú. Invocando la sharia, las decapitaciones adquieren una dimensión que organismos que defienden los derechos humanos describen como una situación extraordinariamente alarmante. Pero, que se sepa, nadie más había registrado la maleable extensión jurídica de los tribunales que mandan a los condenados a las manos del gremio de Said Al-Bishi, el único de los verdugos que se atrevió a contar lo que un funcionario publico siente cuando el Estado le ordena decapitar a alguien.
Recordaba Al-Bishi en una entrevista con el diario al-Madina al Munawara: "No todos caen del primer golpe. En una ocasión corté la cabeza de un tio que ya se había muerto de susto". O sea, nadie en Arabia Saudí puede aspirar a una muerte instantánea al amparo de la ley. No todos tienen el pulso para cortar. Pero en Arabia Saudí existe una muralla de silencio. "Es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja que dar un visado a un periodista independiente", apuntaba un Veterano analista saudí en el exilio en Roma.
La ejecución de cuatro chóferes turcos acusados de transportar "drogas" (en efecto, era una dosis minúscula de anfetaminas que la policía saudí se apresuró en calificar de afrodisíacos) no han hecho más que amplificar el apenas perceptibe sonido de un filo que se desploma sobre el cuello de un hombre, culpable o no.
Las relaciones entre Turquía y Arabia Saudí (otrora aliados contra Irak) se han avinagrado con esas ejecuciones y, al parecer, van caminó de empeorar. Hay cerca de 40 turcos languideciendo en las cárceles saudíes a los que les espera una sentencia similar bajo la acusación de delincuencia. Compartiendo esa incertidumbre figuran siete somalíes, 19 libaneses, sirios y ciudadanos de los emiratos vecinos.
Arabia Saudí ha advertido siempre que a los traficantes de droga, a los ladrones y a los violadores que lo que les espera es el sablazo. Se sirve de la pena capital con el argumento de defender la pureza. Eso se ha quebrado. La ejecución secreta de Abdulá Al-Hudaif, de 33 años, el 13 agosto, se está convirtiendo en una causa célebre. Al-Hudaif, padre de seis niños, no traficó con drogas, no robó ni violó a nadie. Su delito fue atacar a uno de sus interrogadores durante los largos periodos que pasó en la cárcel como prisionero político. Fue inicialmente condenado a 20 años de cárcel. Según el Comite de Defensa de los Derechos Legítimos en Arabia Saudí (CDDL), la causa fue agravada por su asociación con organizaciones que tratan de promover una apertura democrática.
