Insultos y sentencias
"TODA INFORMACIÓN es, por definición, una manipulación de los hechos que se quieren exponer". Toda sentencia también, habría que añadir a las expresiones del magistrado Ignacio Riego Valledor, autor de la resolución que desestimaba la demanda por intrusión ilegítima en el honor interpuesta por Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, presidente y consejero delegado del grupo Prisa, contra Pablo Sebastián.La sentencia (ver la página 25 de hoy en EL PAÍS), contra la que se ha elevado el correspondiente recurso es digna de atención. En primer lugar, porque el juez no se limita a desestimar la demanda, interpuesta, sino que pretende sentar cátedra sobre. materia tan importante como la libertad de expresión. En segundo lugar, por que llevado de un entusiasmo digno de mejor criterio, aprovecha el viaje no ya para negar a los demandantes la reparación dé los derechos que creían lesionados, sino para establecer una serie de juicios peyorativos para ellos, en una especie de condena añadida contra quienes habían recurrido a los tribunales en busca de amparo.
Los principios defendidos por Riego Valledor pueden resumirse en dos:
1. La exigencia de veracidad que obliga a un periodista acerca de los hechos que cita "tiene distinto alcance" según se trate de informaciones o artículos de opinión. Así, tildar a un juez de prevaricador exigiría menos comprobaciones si se hace en un editorial que en una gacetilla.
2. La insinuación de la comisión de un delito -y la exigencia de investigarlo- no implica un deber de diligencia informativa para comprobar la veracidad de los hechos por parte del articulista, si éste se basa en el testimonio de un tercero que dice haber oído algo al respecto. No sería obligación del periodista "garantizar ni la fiabilidad del testigo ni la veracidad de la historia". Y el honor de los calumniados por la maledicencia no merece protección jurídica, de acuerdo con la decisión del magistrado Riego Valledor. O sea que bastaría haber oído a alguien asegurar que el juez en cuestión ha cobrado por dictar tal sentencia, y pedir una investigación al respecto, para poder sugerirlo impunemente.
No aplicaremos a este magistrado, que esperamos sea desautorizado por la Audiencia, el tratamiento de su misma medicina, pero su sentencia merece una reflexión añadida por cuanto afecta a cuestiones de amplio debate público y, que tienen connotaciones sociales y políticas de primera categoría.
Es sabido que en el crispado ambiente de la vida española los medios de comunicación han jugado y juegan un papel estelar. Gracias a ellos, en gran medida, se han podido descubrir y denunciar las corrupciones, errores y fracasos de muchos gobernantes. La prensa ha desempeñado otra vez, y con notable éxito, su misión de controlar al poder y denunciar sus abusos. Este es un mérito atribuible a muchos diarios y publicaciones. Pero al hilo de este protagonismo se han establecido prácticas dudosas por parte de algunos informadores y columnistas o comentaristas de radio, basadas con mucha frecuencia en la difamación y la injuria, que utilizan métodos desleales en la competencia o sirven simplemente a su propia vanidad y lucro. Sería absurdo suponer, por lo demás, que en una sociedad en la que ha hecho mella la corrupción tal como sabemos, no se hubieran corrompido también periodistas.
En ese clima de enfrentamiento civil que algunos han provocado en la prensa española, nuestro periódico, sus profesionales y directivos y los del grupo de empresas en su entorno, han sido frecuente objeto de ataques calumniosos, operaciones y campañas de desprestigio, a las que habitualmente no hemos querido contestar, ya que siempre hemos creído que el respeto a los lectores exige no marearles con este tipo de historias. También nos resistimos durante años a acudir a los tribunales, ante los que hemos comparecido no pocas veces en calidad de acusados y en necesidad de defender los principios, para nosotros irrenunciables, de la libertad de expresión. Pero siempre hemos estimado que estos principios tienen un límite, pues no hay libertad absoluta ni derecho que pueda ampararla como tal, y hemos trabajado, inútilmente, por la creación de un sistema de autocontrol, mediante códigos deontológicos, por parte de los propios periodistas.
La demanda contra Sebastián tenía, desde nuestro punto de vista, un sentido ejemplarizante. Es necesario que la jurisprudencia marque las reglas de juego en el uso de la libertad de prensa, en un momento en que bajo esa bandera se amparan ejercicios de chantaje y amenaza. Los ciudadanos de cualquier país libre deben tener confianza en la existencia de una Administración de justicia independiente, rápida y barata, que responda a estas cuestiones. Creemos que el juez Riego Valledor, anclado quizá en antiguas militancias, no ha entendido el problema que tenía entre manos. No se trataba de juzgar sobre una reparación económica, a la que la demanda no apelaba sino de forma simbólica, ni de sancionar penalmente a quien con toda desfachatez había imputado la comisión de un delito a los directivos de Prisa. Se trataba y se trata de impedir que se instaure un clima de ofensas, guerracivilismo, agresiones y difamación en la vida española. Si los criterios de Riego Valledor se convierten en doctrina jurídica, por extravagante que parezca, la calumnia y la injuria entenderán su terreno de acción con total impunidad. Si los métodos de extorsión, amenaza y destrucción sistemática de la reputación ajena que emplean algunos columnistas merecen el amparo de los tribunales -objeto, lo mismo que otras instituciones, del chantaje de la vanidad o del miedo-, podremos decir con razón que la convivencia democrática se verá seriamente amenazada. Entronizar el insulto como método de debate político o como sustituto de una leal competencia comercial no es la mejor manera de trabajar por la libertad, sino la forma más rápida de acabar con ella.
