El sabor del éxito

EL MINISTRO de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, tenía ayer todos los motivos para sentirse -y mostrarse, como hizo- satisfecho. A su mando, la policía ha aprobado la asignatura pendiente que él asumió personalmente al hacerse cargo de Interior: la captura del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. Ha sido un éxito indiscutible de las fuerzas policiales y del propio Belloch. Pero también y aunque el ministro no lo dijera en la conferencia de prensa, del Gobierno. O al menos de parte del mismo.El fin de la fuga de Roldán y su puesta a disposición judicial era la piedra angular de toda política del Gobierno tendente a recuperar parte de la credibilidad perdida en una galerna de escándalos. Era algo necesario para poner en vías de esclarecimiento el mayor caso de corrupción habido en España bajo el Gobierno socialista. Pero era, ante todo, imprescindible para restablecer en la opinión pública la confianza en el funcionamiento del Estado de derecho, debilitada por este y otros casos de abuso de poder.

Todos los españoles deberíamos compartir la satisfacción de Belloch y la policía. Las razones sobran. El presunto delincuente está a disposición de la justicia; los jueces tienen ahora la posibilidad de aclarar las responsabilidades del acusado y de otros posibles implicados; las fuerzas de seguridad del Estado han demostrado su profesionalidad y eficacia; se ha eliminado una causa de malestar social; se ha acabado con una situación anormal que arrojaba sombras sobre las instituciones españolas.

Pero no es así. A ciertos medios de la oposición (política o mediática) parece costarles en extremo disimular el malhumor que les ha producido la nueva. Incapaces de encontrar una estrategia política que no sea la del "cuanto peor, mejor", se muestran incómodos ante la necesidad de reelaborar un discurso que se basaba en una supuesta complicidad del Gobierno o las fuerzas de seguridad con el fugado. En casos no por grotescos menos frecuentes llegaron incluso a insinuar que el Ejecutivo o alguna parte de él había liquidado a Roldán por métodos mafiosos.

No todos los que han agitado esa bandera de la complicidad del Gobierno en la fuga de Roldán tienen ahora la prudencia de callar y disimular. Hay quienes, cegados por sus obsesiones, no retroceden ante el ridículo e insisten, como el portavoz de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, en la teoría de que el Gobierno tenía localizado a Roldán desde un principio; o como el diputado Ramallo, que aprovecha el éxito de la operación para pedir -¿qué si no?- la dimisión del presidente del Gobierno.

Ahora le toca actuar a la justicia. Es resonsabilidad suya determinar qué delitos ha cometido Roldán, quiénes han sido sus cómplices y cuántas de las acusaciones públicas vertidas por el ex director general de la Guardia Civil durante su huida responden a la verdad. El ministro de Justicia e Interior aseguró ayer que no ha habido ningún tipo de negociación. La realidad parece demostrar otra cosa. El Gobierno de Laos ha realizado, al no existir tratado de extradición, una expulsión administrativa condicionada, al parecer, a que Luis Roldán sólo pueda ser juzgado por dos de los siete delitos de los que le acusa la juez Ferrer. Habrá que determinar a partir de ahora qué validez tiene esta extradición administrativa.

En cualquier caso, es la justicia la que a partir de ahora tiene la iniciativa. La juez, encargada de la causa debe proceder ahora como ella mejor considere para llegar lo más lejos posible en el esclarecimiento total de los hechos, aunque puede ser legítima su sensación de haber sido, si, no engañada, al menos marginada por el ministro de Justicia, que en está ocasión parece haber preferido su papel de ministro del Interior. Dicho esto, también conviene saber que en los últimos tiempos sólo ha habido, que se sepa, dos casos de negociaciones en las que los encausados lograron considerables mejoras a su situación procesal. El del arrepentido Portabales en el llamado caso Nécora -con los resultados ya conocidos- y el de Amedo y Domínguez. El artífice de ambas negociaciones fue el juez Baltasar Garzón.

Es muy posible que personas que en el pasado se relacionaron con Roldán, dentro o fuera del Ministerio del Interior, estén ahora nerviosas. Que el ministro Belloch sea una persona sin relación alguna con ese pasado es una garantía de que no vendrán de su parte trabas a la investigación. González asumió riesgos evidentes al elegir a un ministro sin esas vinculaciones, pero a la vista está que tales riesgos eran en todo caso menores que los asociados a la inercia y el continuismo en el que germinó el increíble episodio de Roldán. Se ha demostrado que es posible depurar responsabilidades del pasado en ministerios tan complejos como el de Interior sin merma de la eficacia operativa. Este éxito debería, sabernos bien a todos. Debería ser motivo de satisfacción para cualquier demócrata; lo extraordinario es la irritación que su constatación produce en algunos campeones de la denuncia de la corrupción y la ineficacia.