El 60% de los californianos vota suprimir los servicios sociales para los 'ilegales'
MAITE RICO ENVIADA ESPECIALLos resultados superaron los peores augurios. Seis de cada 10 californianos dieron su respaldo el martes a la proposición 187, que pretende expulsar de este Estado norteamericano a los casi dos millones de inmigrantes indocumentados a base de cortar su acceso a los servicios educativos y sanitarios. La iniciativa, abiertamente inconstitucional, tendrá que recorrer ahora un largo camino en los tribunales. Pero ya ha dejado de ser una baza electoral de los republicanos para comenzar a ensombrecer la convivencia de la población californiana.
"Es la victoria para los californianos que trabajan duro, que siguen las reglas, que pagan sus impuestos y que crían a sus hijos en el respeto a sí mismos y a los demás". El gobernador de California, el republicano Pete Wilson, estaba exultante en la noche del martes. Finalmente la estrategia había funcionado. El abrazo a la causa contra la inmigración ilegal le acababa. de proporcionar su holgada reelección: un 57% de los votos frente al 38% obtenido por su contrincante demócrata, Kathleen Brown, contraria a la iniciativa 187.El jefe de la campaña republicana tenía razón. Habían sabido incidir en los tres aspectos que más preocupan a los californianos: desempleo, inmigración ilegal y delincuencia. Recetas económicas, la proposición 187 y la pena de muerte constituyeron el tríptico de presentación de un gobernador que no dudó en endurecer sus posiciones en función de la rentabilidad electoral. El resultado fue como un jarro de agua helada en la nuca de las organizaciones de derechos humanos. Se sabía que la propuesta podía salir adelante dada la crisis económica que atraviesa California, pero nadie imaginaba que obtendría el respaldo de un 59% de los votantes, entre ellos, los de la propia población chicana (mexicanos de origen asentados ya en Estados Unidos).
"Se llaman López"
"La propia raza de uno está en contra", decía con disgusto un inmigrante mexicano con más de 30 años de residencia en Estados Unidos. "Es muy difícil que un ilegal te pueda quitar tu trabajo, pero muchos se han dejado mangonear por Wilson y le han votado. Se llaman López o González, hablan mal inglés pero se empeñan en decir que son americanos".
De hecho, un recorrido por el área de San Diego el día de la votación permitió advertir la indiferencia con que la población latina de esta zona fronteriza, que más de 1.000 ilegales mexicanos atraviesan cada día, acogía la proposición 1.87. En San Ysidro, la población gemela de Tijuana del lado estadounidense, las únicas pancartas que podían verse pedían el apoyo (en español, por supuesto) para tres aspirantes al consejo escolar de la localidad. En Logan, un barrio del sureste de San Diego conocido por su militancia chicana ("varrio [sic] sí, yonquis no", dice un mural que preside el raquítico parque debajo de la autopista) nadie sabía dónde se encontraba el colegio electoral.
Queda ahora por ver los efectos inmediatos de estos resultados. Las organizaciones humanitarias ya han anunciado que interpondrán todos los recursos judiciales necesarios. "Primero es la respuesta legal, luego ya veremos. Lo único positivo de todo esto es que nos obligará a unirnos más en toda California", decía Roberto Martínez, dirigente de un grupo de defensa de inmigrantes con sede en San Diego.
La aprobación de la proposición 187 desató numerosas protestas en México. Desde la condena de políticos e intelectuales hasta las manifestaciones callejeras que desembocaron en pintadas y pedradas contra un restaurante McDonald's de la capital o en la quema de banderas norteamericanas por parte de estudiantes próximos al Partido de la Revolución Democrática.
