La oposición para barrenderos vulneró la Constitucion, según el fiscal
El tribunal que calificó las pruebas para adjudicar 300 plazas de barrenderos en el Ayuntamiento de Madrid no evaluó con criterios de igualdad a los 3.000 opositores, según considera el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid .El fiscal ha dado la razón al sindicato CC OO, que recurrió las oposiciones al, entender que se había violado el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad. El fiscal desvela que algunos miembros del tribunal en las oposiciones al cuerpo de limpieza del Ayuntamiento de Madrid calificaron exámenes sin presenciar la realización de las pruebas. "( ... ) Las distintas pruebas de riego, barrido y jardín se realizaron simultáneamente, con intervención, además, de varios aspirantes que realizaban a la vez su ejercicio en cada una de las pruebas, imposibilitando así la presencia de todos los miembros del tribunal en todos y cada uno de los ejercicios", alega el fiscal en su informe. En las oposiciones, que se celebraron en octubre, se inscribieron 6.500 personas, aunque al final fueron 3.000 los aspirantes que se presentaron a las pruebas para disputarse los 300 puestos de trabajo ofrecidos por el Ayuntamiento. Comisiones Obreras ha impugnado el examen y propone que se' vuelvan a organizar las pruebas con las debidas garantías.El presidente del tribunal de las oposiciones y concejal de Personal del Ayuntamiento, Antonio Moreno, declaró ayer que esperarán a que el juez se pronuncie. Entretanto, todo continuará como si nada hubiera ocurrido: los interinos abandonarán sus puestos y los aprobados firmarán sus contratos de funcionarios. CC OO entiende que sería "un disparate de consecuencias imprevisibles" que el Ayuntamiento actuara así. También Franco González, portavoz de IU en la comisión de Personal, consideró ayer "muy graves" las acusaciones del fiscal y recalcó que el Ayuntamiento "no puede seguir adelante con las contrataciones". Y exigió la mayor celeridad posible a los jueces.
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El informe fiscal ' entiende que hubo "alteración arbitraria" en las calificaciones del examen
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El fiscal concluye, además, que hubo "alteración arbitraria" de las calificaciones. Existen opositores que, teniendo una nota alta, sin embargo, no figuran en la lista de aprobados, según el informe, que cita casos como los de Blanca Esther Ayora, Acero, Fernando Baeza Riaño o Vicente Manzano Díaz, cuyos exámenes fueron calificados con un 8 y no figuran como aprobados. En cambio, Ricardo Aguado Martín, Juan Luis Casado Galindo, Isabel García Barba y Cruz García García sacaron un 2 y al final resultaron aprobados.
"Nada habría que objetar a tales modificaciones si resultase acreditado que las mismas fueron debidas a las distintas calificaciones otorgadas por los componentes del tribunal que presenciaron los ejercicios. Sin embargo, en la medida en que tal extremo no ha sido probado, ( ... ) la conclusión que se impone es la de que tal alteración resulta arbitraria y, en consecuencia, infringió lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Constitución al no haber respetado los principios de mérito y capacidad", concluye el escrito del fiscal.
Examen por sorteo
Otra de las "irregularidades" alegadas por el sindicato para impugnar el examen es que no se respetó el oficio de cada opositor para realizar las pruebas prácticas. Los aspirantes a los puestos de trabajo realizaban la prueba de barrido, jardín o riego según le tocara en un sorteo. Sin embargo, en la convocatoria de las oposiciones se estableció que el primer examen consistiría en un ejercicio practico sobre el trabajo al que los aspirantes quisieran optar, según el oficio elegido por cada cual en la solicitud.
No hubo ningún acuerdo del tribunal para que la elección de cada solicitante se sustituyera finalmente por un sorteo. Esto también lesiona el citado artículo de la Constitución, aunque el fiscal entiende que debía haberse recurrido en el momento de hacer las pruebas, y no con posterioridad, porque considera que el hecho de realizar el examen en esas condiciones supone la aceptación del cambio de fórmula.
Los mismos argumentos admitidos por el fiscal en su informe "son de aplicación al resto de las oposiciones municipales del grupo E" , asegura CC OO.
Los servicios jurídicos del sindicato también están estudiando presentar una denuncia por otras irregularidades que, entienden, podrían tener consecuencias penales. Se refieren, sobre todo, a fraudes en las firmas de las actas. Según el sindicato, el secretario del tribunal sólo firma una de las actas, a pesar de que estuvo presente en todas las sesiones salvo en una. Además, asegura CC OO que. el número e identidad de los asistentes a las reuniones varía de una a otra (29 asistentes en la primera y 15 en la séptima), y en cambio, todas las actas aparecen firmadas por las mismas 14 personas: "Se llega al surrealismo de que un suplente del tribunal firma varias actas 'por ausencia' sin que él mismo esté presente en la reunión".
