Lógico expediente
UN MES y cuatro días después de la intervención de Banesto, y justamente el mismo día en que sus acciones volvían a cotizar en la Bolsa, el Banco de España decidió abrir expediente disciplinario a su ex, presidente Mario Conde y a todos los miembros que formaban el consejo de administración destituido. El expediente -anunciado en su día por este periódico y desmentido por otros con fruición- era una consecuencia lógica después de que el gobernador, Luis Ángel Rojo, calificara como "artificios contables" algunas de las actuaciones de los anteriores gestores de Banesto. Las sanciones que prevé la ordenación vigente para faltas graves o muy graves pueden llegar a la inhabilitación para ocupar cargo alguno en una entidad financiera hasta un máximo de 10 años y multa de hasta 10 millones de pesetas.La instrucción del expediente puede durar hasta 18 meses. La complejidad del asunto y la gravedad del posible castigo exigen plenas garantías para los expedientados, pero ello debería ser compatible con un acortamiento del periodo de instrucción.
Coincidiendo con la apertura de este expediente que pone fin a las especulaciones sobre un posible arreglo particular entre el Banco de España y la anterior administración de Banesto que hubiera sido del todo inadmisible, las acciones de Banesto han vuelto a cotizar en el mercado bursátil con una demanda que ha superado todas las expectativas, al menos las de los propios gestores actuales del banco. Tras un mes de suspensión, en las sesiones del martes y miércoles, el valor de mercado de las acciones ha llegado a duplicar ampliamente el valor en libros (400 pesetas) resultante tras los saneamientos acordados entre el nuevo equipo gestor, el Banco de España y- el resto de los bancos privados. En todo caso, es preciso recordar, el valor de mercado actual es muy inferior a las 1.995 pesetas que cotizaba la acción de Banesto en el momento de la suspensión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De mantenerse en las jornadas sucesivas esa distancia entre el precio de mercado y el valor contable de la acción, los inversores estarían anticipando la posibilidad de realizar beneficios como consecuencia de una de las dos circunstancias siguientes (o de ambas a la vez): primera, el saneamiento ha sido excesivo, es decir, los activos saneados disponen de un valor superior al determinado por los nuevos gestores (o los pasivos son inferiores); segunda, los inversores ven posibilidades de venta de las acciones a un precio equivalente o superior al que hoy fija el mercado.
La primera de esas hipótesis afectaría a los que han soportado el saneamiento, pero con implicaciones bien distintas. Los accionistas antiguos, lejos de ver reducido el valor de sus acciones, al valor nominal propuesto, de 400 pesetas, comprueban que el quebranto patrimonial ha sido menor, ya que disponen de la posibilidad de recuperar más del doble de su valor nominal. No ocurre, por el momento, otro tanto con el resto de los que han soportado el saneamiento -el Banco de España y el resto de la banca privada-, en la medida en que su contribución se materializará mediante la compra de activos hoy verificados como no realizables (créditos en mora, fundamentalmente), cuya recuperación no está determinada por la evolución de la cotización.
Ahora bien, la posibilidad de que el Banco de España -los contribuyentes españoles- recupere parte o la totalidad de esos 140.000 millones de pesetas comprometidos en el saneamiento dependerá de las condiciones en que se lleve a cabo la ampliación de capital prevista -180.000 millones de pesetas-. La suscripción de esa ampliación de capital la realizará en su totalidad el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que pasará a ser el principal accionista de Banesto. Según lo anunciado, el FGD procederá después a colocar ese capital entre inversores. La adquisición de participaciones significativas, suficientes para ejercer el control, por otros bancos españoles es una de las principales opciones. También está abierta la posibilidad de que el FGD venda su participación en condiciones tales que no implique el control de ninguna institución bancaria.
Surgen, por tanto, tres cuestiones relevantes para juzgar la gestión de la crisis por las autoridades: el precio al que el FGD suscriba esa ampliación de capital, el precio al que posteriormente venda esas acciones y los destinatarios de la misma. De los dos primeros dependerá en gran medida el coste neto para el erario público. Razones hay, por tanto, para que el proceso abierto en esta segunda fase del reflotamiento de Banesto esté presidido por esa exigencia de absoluta transparencia y de ausencia de cualquier trato de favor que pudiera llegar a cuestionar globalmente la decisión de suspender la cotización y destituir a los antiguos gestores.
