Un programa cojo
EL PAQUETE de medidas presentado por el Partido Popular para reactivar la economía, detener la destrucción de empleo y recuperar la competitividad de las empresas va a tener al menos el mérito de reabrir el debate sobre la política económica del Gobierno. El momento es especialmente oportuno para profundizar en la discusión entre quienes sostienen que la recesión continúa y los que afirman que ya hay síntomas de recuperación. En todo caso, la profunda desconfianza de la ciudadanía, el temor y la inseguridad que se han adueñado de nuestro país, exigen que el debate vaya más allá de los intercambios autosuficientes de recetas.La intención del PP es instrumentar un plan de choque con carácter urgente. Lo primero que hay que plantearse es si las propuestas de los populares forman realmente un plan de choque. Es decir, ¿hablamos de medidas que propician una recuperación rápida de la inversión? La duda parece inevitable. Da la impresión de que se trata mucho más de un paquete de medidas enunciadas sobre la base de la sensibilidad electoral. En definitiva, un envite político para rentabilizar las tendencias favorables.
La medida más emblemática es la reducción de la tarifa y las retenciones del impuesto sobre la renta en un 5%. A primera vista siempre parece saludable una decisión así, si el objetivo es estimular el consumo. Sin embargo, los recientes datos de coyuntura indican que el aumento de la renta disponible que produciría el recorte fiscal no se canalizaría necesariamente hacia el consumo. El crecimiento actual del ahorro tiene que ver con el miedo al futuro y no tiene, por tanto, una canalización hacia la inversión. Sólo hay que ver el aumento desenfrenado de los fondos de inversión, que ya alcanzan los 9,6 billones de pesetas, mientras que el crédito a familias y empresas se redujo el último mes. Se podría pensar que, en un segundo paso, los recursos de estos fondos se destinan a inversión. Tampoco es así. Tres cuartas partes se dedican a financiar deuda pública.
Por otra parte, según las cuentas de Hacienda, sólo el recorte de la tarifa y las retenciones del IRPF supondría una pérdida de recaudación de 350.000 millones de pesetas. El impacto global de todo el paquete fiscal supondría una reducción de ingresos de 691.000 millones de pesetas. ¿Cómo se compensa para evitar que el déficit público crezca en otro 1% del PIB? El PP no lo dice. La experiencia demuestra que la inversión está condicionada por factores mucho más complejos, entre los que está la propia situación de las finanzas públicas. Aquí y ahora en este país, tal como acaba de poner de manifiesto el informe de la OCDE, lo prioritario es llevar a cabo la reforma del mercado laboral junto a la moderación salarial, y la aplicación de los incentivos convencionales de ayudas -apoyos a la investigación y desarrollo, exportaciones, formación profesional y reconversión- a las empresas que tomen decisiones de inversión.
Más positivas parecen las medidas de fomento de la adquisición de viviendas. Se trata de una estrategia radicalmente opuesta a la adoptada por el Gobierno, que incluso llegó a barajar la posibilidad de eliminar las cuentas de ahorro para la compra de viviendas. El coste para la recaudación en este caso es más moderado -unos 113. 000 millones de pesetas- y en cambio el impulso a la inversión puede ser mucho más significativo. Pero cuidado, porque el tirón de la construcción tampoco es la fácil panacea. Las medidas que directamente afectan a las empresas -incremento de deducciones en impuesto de sociedades, regularización de balances y libertad de amortización de activos- supondrían otra pérdida de ingresos para el Estado de 190.000 millones de pesetas. Sus efectos pueden ser positivos, pero difícilmente tendrán un impacto inmediato en la voluntad inversora de las empresas. Porque hay algo que no conviene confundir: si los empresarios no invierten ahora no es por falta de estímulos fiscales, sino por falta de expectativas favorables. Las medidas que habría que aplicar deberían atajar directamente este problema. Es decir, crear confianza.
Para que los empresarios se decidan a invertir es condición necesaria que se hayan despejado significativamente todas las incertidumbres que alimentan el actual clima de crisis económica. Se trata de acelerar las medidas que vayan en este sentido. Esto no parece alcanzable con medidas que aumentan significativamente el déficit público y en consecuencia los tipos de interés y la inflación. La situación económica es difícil y compleja. Las medidas para afrontar sus graves efectos lo tendrán que ser también necesariamente. Oposición y Gobierno parecen ambos aún lejos de conceptos consistentes para hacer frente a esta crisis.
