El 'contagio' alemán
EL ASUNTO de la sangre contaminada en Alemania pone de relieve otra vez el fallo dramático de los sistemas de control del Estado sobre la seguridad de un producto insustituible en medicina: la sangre. En Alemania ha sido una empresa privada, un laboratorio, el que, violando las leyes que obligan a realizar de forma exhaustiva la prueba del sida en los productos sanguíneos, desde 1985 ha comercializado sangre contaminada y ha expuesto al contagio de la enfermedad, nada menos que hasta 1991, a miles de ciudadanos que requieren una transfusión o productos hemoderivados de sangre.Una gran parte de países europeos han sido vulnerables al contagio del sida a través del plasma sanguíneo antes de 1985. Francia, Reino Unido, Dinamarca, Portugal o España han visto diezmada su población de hemofílicos, tratados por hemoderivados, hasta esta fecha. Pero el caso de Alemania ofrece algunas matizaciones. La primera es que en este fin de milenio no escapan de la tentación apocalíptica ni los políticos más aburridos, como es el caso del ministro de Sanidad alemán, el socialcristiano Horst Seehofer. Hacer una llamada pública, prácticamente sin matices, a todas las personas que han recibido alguna transfusión de sangre en más de una década para que se sometan a la prueba del sida puede ser más alarmante que efectivo. A crear una situación de pánico colectivo en uno de los países más adelantados e informados del mundo ha contribuido también la prensa sensacionalista. Asegurar que hay 15 millones de personas en Alemania que deben someterse a la prueba del sida -una quinta parte de la población- da una idea de la escasa responsabilidad que han demostrado, también, algunos medios de comunicación. De ahí que, en alguna medida, sea más un escándalo mediático que real.
Aparte de todo esto queda la realidad. Una realidad alejada de este pánico, pero que no impide que al ciudadano se le pongan los pelos de punta. Por un lado está la actuación presumiblemente criminal de unos empresarios dispuestos a todo para ahorrarse una cifra de dinero no excesivamente importante, pero que, según parece, formaba parte de los planes de austeridad destinados a sacar a la firma de la bancarrota. Por otro, y mucho más preocupante, el hecho de que esto haya sido posible bajo la mirada vigilante de las autoridades de un Estado tan supuestamente efectivo como el alemán. Bajo este control permanece un viejo espíritu kartellista, casi bismarckiano, que se trasluce en una actitud benevolente del Estado con la gran industria y que constituye uno de los cánceres ocultos, pero más enraizados de la Alemania moderna.
El coste del error o del delito, según los casos, está suponiendo, aparte del sufrimiento para el ciudadano que un día se despierta con la sorpresa de que por haber sufrido una transfusión de sangre en los últimos 10 años es candidato a haber adquirido el VIH, cifras astronómicas para los Gobiernos. La presión social, y a menudo sentencias judiciales, ha obligado a la mayoría de las naciones europeas a habilitar fondos para indemnizar a los afectados. Pero lo verdaderamente alarmante es que escándalos como éstos se produzcan en naciones desarrolladas, con un tejido social organizado e instituciones de control democrático, incapaces, por lo que se ve, de poner freno al mercantilismo a costa de la salud de los ciudadanos.
