Objeción en crisis
LA VIABILIDAD del actual marco legal de la objeción ole conciencia al servicio militar está basada en una hipótesis que la realidad social se resiste a verificar: que la objeción sea una opción minoritaria y que las sanciones penales previstas para los insumisos quienes rechazan la milí y la objeción- sean efectivas. De un lado, el número de objetores no hace sino aumentar -en tomo al 25% del contingente militar anual en 1993 y en algunas comunidades autónomas más del 50%- y, de otro lado, los jueces muestran una gran repugnancia a aplicar el Código Penal a jóvenes acusados de un delito considerado artificial -el rechazo del servicio de las armas por motivos de conciencia. Es decir, el modelo de la prestación social sustitutoria hace agua y amenaza con repercutir gravemente, si no se toman medidas a tiempo, en el propio sistema de servicio militar.Esta situación -la creciente disparidad entre la percepción social del servicio de las armas y su marco legal- comienza a preocupar a los responsables políticos. Y el primero que ha hecho pública manifestación de este sentimiento ha sido el director general de Objeción de Conciencia, Dionisio Llamazares, que es el que en razón de su cargo está más próximo al problema. Pero el máximo responsable del funcionamiento del servicio social suslitutorio de la mili ha hecho algo más: avanzar por pnimera vez propuestas de reforma legal que podrían servir en su momento a las previsibles iniciativas legislativas de modificación de la Ley de Objeción de Conciencia de 1984 y del Código Penal.
De entrada, se reconoce algo que desde hace tiempo viene siendo denunciado: la improcedencia de que la insumisión sea considerada delito y, por tanto, que quienes la ejercen puedan ser castigados con la cárcel. Si la pena de privación de libertad no parece que sea la más apropiada para los llamados delitos de opinión -por ejemplo, los de prensa-, menos lo parece para conductas que tienen dificil encaje en el Código Penal. De ahí que sea más coherente desde el punto de vista jurídico y social que la insumisión tenga algún tipo de sanción administrativa, pero en ningún caso penal.
Pero la más novedosa de las propuestas avanzadas por el director general de Objeción de Conciencia es la de que el servicio social sea una alternativa autónoma del servicio militar obligatorio y no una modalidad sustitutoria del mismo y, por tanto, impregnada de sus valores. De ese modo se anularía el elemento ideológico que justifica el fenómeno de la insumisión y que sirve de base al movimiento deslegitimador del modelo de mili obligatoria, incluida la prestación social que la sustituye. Claro que una reforma así implicaría un cambio radical en la filosofila oficial sobre la objeción de conciencia: dejaría de ser una causa más de exención del servicio militar para convertirse en una manifestación del derecho fundamental de libertad ideológica. Es decir, habría que retomar los criterios expuestos por el Defensor del Pueblo en el recurso de inconstitucionalidad que interpuso contra la Ley de Objeción de Conciencia a raíz de su entrada en vigor en 1985. En cualquier caso, ningún temor habría que tener a desandar el camino si ello sirve para tomar otro más acertado y que no conduzca a un callejón sin salida, como sucede con la actual regulación ,jurídica de la objeción de conciencia.
Pero además de reparos legales también los hay prácticos: la Administración no tiene plazas suficientes para que el creciente número de objetores pueda cumplir los 13 meses de prestación social sustitutoria en las condiciones legales previstas. El director general de Objeción de Conciencia ha propuesto una posible salida a esta situación: potenciar el voluntariado social en el marco de una nueva Ley del Servicio Civil que ofrezca a los jóvenes una alternativa de compromiso solidario con la sociedad, tanto en el ámbito público como privado. De ese modo se daría paso a un modelo de servicio nacional único, con dos variantes autónomas y sin enfeudamiento alguno entre ellas: el civil y el militar.
