El Tribunal Supremo decide hoy sobre el caso de aborto más antiguo de Europa

Decenas de telegramas procedentes de organizaciones feministas llegaron la semana pasada a la sede del Tribunal Supremo, al que solicitan una sentencia absolutoria y critican su decisión de resolver el recurso sin vista pública, "a pesar de la indudable trascendencia social de este proceso, que es además el más antiguo de Europa por delito de aborto". El ponente de la sentencia, que se elaborará en los próximos días, es el magistrado Luis Román Puerta Luis.Los recurrentes son Elena Matilde de Haro Aramberri, Rosa María Montoya Molina José García Corral y José Ángel Lozoya Gómez, cuatro de los fundadores del centro sevillano Los Naranjos en 1980, cuando el Código Penal fijaba penas de hasta seis años de cárcel por cada aborto realizado y la fiscalía del Tribunal Supremo calculaba en 300.000 los abortos clandestinos anuales. El centro estaba atendido por un personal muy profesionafzado, que asesoraba sobre planificación familiar y sexualidad y atendía a mujeres que no podían o no querían abortar fuera de España, según explican sus fundadores, quienes resaltan que ninguna de las mujeres asistidas tuvo que ser hospitalizada tras su paso por él ni denunció sus actividades.

El centro funcionó desde enero de 1980 hasta el 21 de octubre, en que la policía irrumpió en el mismo, detuvo a cuantos trabajadores y clientes se encontraban en él y requisó los ficheros y el instrumental médico. Fueron detenidos siete hombres y quince mujeres. Las detenciones provocaron acciones de solidaridad y un año después se entregaron a la justicia 26.249 firmas de mujeres y hombres de toda España que aseguraban haber abortado o colaborado a la práctica de un aborto. En cambio, muchas de las mujeres que figuraban en los ficheros de Los Naranjos alegaron la defensa de su intimidad y se negaron a declarar.

Aunque inicialmente un juez de Sevilla se mostró dispuesto a iniciar actuaciones contra los miles de personas que se autoinculparon de aborto-entre ellos, el comunista Felipe Alcaraz y la socialista Amparo Rubiales-, en mayo de 1986 el fiscal dirigió la acusación sólo contra ocho personas: los cuatro fundadores, el médico Manuel Vergara y las administrativas del centro Magdalena López, Eloisa Galindo y María del Mar Garcerán. Los procesados manifestaron que las clientas eran siempre advertidas de que el aborto les sería realizado por personal no médico.

El juicio, previsto para el 17 de noviembre de 1988, tuvo que suspenderse por el avanzado estado de gestación de Elena Matilde de Haro, una de las procesadas. El 30 de marzo de 1989 se inició la vista en la Audiencia de Sevilla, sin fotógrafos ni cámaras de televisión, por prohibirlo el presidente de la sala. Curiosamente, en el banquillo de los acusados no se sentó ninguna de las mujeres que abortaron, a pesar de que 33 de las 416 registradas en Los Naranjos reconocieron ante el juez instructor haber abortado. Los ocho procesados recibieron muestras de solidaridad de colectivos de más de 70 países.

Disfrazados de obispos

Ala entrada de la Audiencia de Sevilla se congregaron muchas personas disfrazadas de curas, obispos o magistrados, con pancartas y gritos tales como "Aborto libre y gratuito", "No más juicios por aborto" y "Si el Papa estuviera preñado, el aborto sería sagrado". Dentro de la sala, el fiscal mantuvo la petición de 22 años de cárcel para los ocho procesados. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, la socialista Amparo Rubiales pidió que los jueces sevillanos tuvieran la misma flexibilidad que evidenciaron los de Madrid al absolver a la cantante Lola Flores de delito fiscal,

La sentencia, dictada el 3 de abril, condenó a cuatro de los procesados a un año de cárcel y seis de inhabilitación, pero al día siguiente el presidente de la sala, Agustín del Río, rectificó el fallo y extendió tales penas a cada uno de los cinco delitos de aborto declarados probados, con lo que la condena se multiplicó por cinco. E1 entonces presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla, Claudio Movilla, señaló que "más que una aclaración es la modificación del fallo".

El recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo, que hoy será analizado, solicita la absolución. En caso de que se confirme la condena, se pedirá el indulto. Aunque la vista será a puerta cerrada, han anunciado su presencia ante la sala representantes de la Coordinadora Cívica por el Derecho al Aborto, que han señalado "la incongruencia de hablar desde los poderes públicos de normalidad en la situación respecto al aborto y que aún tengamos que asistir a procesos de estas características". Piden que el nuevo Gobierno acabe con "1a inseguridad jurídica que sigue rodeando hoy el ejercicio del derecho al aborto".