Sobre la amnistía en El Salvador

El articulista señala que la Ley de Amnistía aprobada en El Salvador es, en primer lugar, una ofensa a los pobres de ese país, ya que reafirma la idea de que la vida de éstos ni vale ni interesa. Es más importante evitarle a un militar la vergüenza de enfrentar sus crímenes, aunque finalmente sean perdonados, que resarcir, de alguna manera, la memoria de víctimas inocentes.

La amnistía otorgada en El Salvador en fechas recientes es una ofensa a la justicia. Pocas personas dudan en El Salvador de la necesidad de buscar mecanismos de perdón legal después de la guerra civil de más de una década de duración, pero el modo caprichoso, no consensual, indiscriminado y con visos de ilegalidad de la actual Ley de Amnistía, obliga a pensar en una burla de la justicia que consigue todo menos la reconciliación de la sociedad.Elsta Ley de Amnistía es, en primer lugar, una ofensa a los pobres de El Salvador. Reafirma la idea de que la vida de los pobres ni vale ni interesa en el país. Es más importante evitarle a un militar la vergüenza de enfrentar sus crímenes, aunque finalmente sean perdonados, que resarcir, de alguna manera, la memoria de víctimas inocentes. Los más de 100 niños del Mozote asesinados a sangre fría no merecen ni siquiera una petición de perdón oficial de parte de la institución que propició esa masacre. Se quiere, por el contrario obligar a que los pobres olviden el pasado para que unos muy pocos en el poder, no tengan que asumir ninguna responsabilidad por crímenes de franca atrocidad.

El partido de Gobierno en El Salvador, además, había propiciado no hace mucho más de un irles la ampliación de la pena de muerte en el país para cierto tipo de delitos comunes. Se produce así una terrible injusticia comparativa. Los delincuentes comunes a los que la ley alcanza (los dueños de: la corrupción oficial permanecen intocables) son en su 99% gente de escasos recursos, que el ambiente de pobreza y de violencia generada por la guerra ha llevado a la violación de la ley. Para ellos se pide un endurecimiento de las penas. Para quienes han cometido delitos de orden político "y conexos", que generalmente han disfrutado de educación, de dinero y de poder, que han sido responsables de velar por un orden constitucional que nunca han respetado... para ellos, el mismo Gobierno pide un olvido absoluto de los crímenes y un perdón irrestricto de todo tipo de responsabilidad.

En segundo lugar, esta ley tiene visos claros de ilegalidad. En efecto, el artículo 244 de la Constitución salvadoreña afirma que no puede ser amnistiado ningún funcionario del Gobierno por delitos cometidos durante el periodo del presidente al que sirvieron. Si tenemos en cuenta que todos los militares con grado de coronel son funcionarios del Gobierno, se nos hace evidente que la presente Ley de Amnistía trata de asegurar que no puedan ser juzgados, entre otros, los más de 10 coroneles que aparecen mencionados en el caso de los jesuitas de la UCA. Habiendo cometido estos militares sus delitos durante el período del presidente Cristiani, la Ley de Anmistía viola al menos el espíritu de la Constitución, cuando no la letra directamente.

De nuevo aquí observamos serias contradicciones. Mientras el Gobierno se escuda en la Constitución para no cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, emite leyes que la violan. Y no hablamos ya de la violación del derecho, primero humano y después constitucional, de la vida, que se ha violado, y ante el cual se quiere afirmar, con la Ley de Amnistía, un "aquí no ha pasado nada", sino de un párrafo, bien concreto de la Constitución que se ha saltado con toda tranquilidad y a la ligera.

En tercer lugar, el Gobierno de El Salvador ha acudido, para justificar esta Ley de Amnistía, a la mentira pública y a la manipulación sistemática de la información. Se han montado auténticas campañas en el país para desprestigiar a los comisionados. Campanas orquestadas por medios de comunicación, como el Diario de Hoy, entre otros, que sirvieron, en su tiempo, para preparar el caldo de cultivo de los asesinatos de monseñor Romero, de los jesuitas de la UCA, y de tantos otros asesinados por pensar de un modo distinto a los verdugos de El Salvador.

Calumnias e insultos

Miembros de los poderes del Estado de El Salvador han calumniado e insultado a los comisionados que redactaron el informe de la Verdad. En ningún momento se ha respondido al informe De la locura a la esperanza con un esfuerzo por investigar y aclarar los puntos oscuros (por ejemplo, los escuadrones de la muerte) que deja el texto. Al contrario, el Gobierno ha preferido atacar a los comisionados, cerrar los ojos a la verdad y denigrar a todo el que dé credibilidad al informe. Frente a la consistencia interna del informe, el partido del gobierno reacciona con la prepotencia y el desprecio por la verdad del pandillero dueño soberano de un territorio.

Miembros del Gobierno han insistido en la Ley de Amnistía como un deber cristiano. Frente al deber cristiano de construir la convivencia sobre la justicia y visitar después cárceles y encarcelados (realidad esta última que en nada ha intereseado al Gobierno), se nos quiere convencer de que el olvido de los valores humanos más hondos es una virtud. Hay que olvidar que la guerra entigrece las almas; hay que olvidar la costumbre racional (cristianas, por lo visto, sólo son las actitudes del Gobierno) de pedir perdón públicamente por delitos públicos; hay que olvidar las enseñanzas de la moral que nos dicen que quienes tienen responsabilidades públicas tienen mayores responsabilidades ante la sociedad.

Paz para el futuro

Y esta actitud gubernamental, no frente a una posición de venganza o de resarcimiento irracional. Todos en El Salvador hablamos de la necesidad de buscar mecanismos racionales de perdón legal, de asegurar la pacífica convivencia para el futuro, de construir una nueva sociedad, desterrada la guerra y sus causas, sobre un proceso de verdad, justicia y perdón. No hay dos extremas en El Salvador en este momento. Hay simplemente un afán de reconciliación en la verdad y un intento gubernamental, por otra parte, de sepultar la verdad en el olvido.

Injusticia, violación de leyes, mentira, y todo... ¿por qué? Sólo hay dos respuestas lógicas, no excluyentes la una de la otra. O existe una clara supeditación a los verdugos señalados en el informe, o hay complicidad con los mismos.

La posición alternativa a la amnistía y a la situación tensa propiciada por la misma sigue siendo la que hemos venido diciendo desde hace tiempo: es necesario profundizar en la verdad para que podamos cambiar estructuras y actitudes que dañan a todos los salvadoreños. Es de suma importancia que haya justicia para que la sociedad pueda, a través de sus instituciones, sancionar formal y oficialmente los crímenes cometidos, evitando así el, riesgo de su repetición en el futuro (y nosotros proponíamos en este terreno la confesión del delito cometido ante un juez, para poder acogerse posteriormente a algún tipo de indulto).

Y debe también haber mecanismos de perdón legal para que en este país pequeño, donde el mundo de lo personal incide tanto en el desenvolvimiento institucional, se pueda convivir y construir sin traumatismos una nueva sociedad democrática, participativa, con un Estado de derecho pleno, y atenta especialmente a las graves necesidades de las mayorías empobrecidas. El fiel cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad ofrece un excelente camino para lo que proponemos.

es provincial de los jesuitas de Centroamérica.