Perdidos en el parque

Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha llegado a la conclusión de que la construcción del gran parque de atracciones y complejo turístico residencial de la Costa Dorada, en Tarragona -el denominado Parque Busch-, tiene muchas posibilidades de quedar paralizada por la crisis financiera que afecta a los negocios del principal promotor, Javier de la Rosa, según fuentes próximas a la Administración autónoma. La luz roja de alarma del Palau de la Generalitat se encendió cuando KIO presentó la querella contra De la Rosa.

La reacción pública de Pujol al conocer la presentación de la querella no dejó traslucir ninguna inquietud: "No he hablado con el señor De la Rosa y por lo que sé el proyecto está bien encaminado". Estas florentinas declaraciones dejaron a Pujol un margen de tiempo mínimo para que encomendara a Maciá Alavedra, consejero de Economía de la Generalitat y responsable político del proyecto, la búsqueda de una solución de recambio. El parque, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno nacionalista de Jordi Pujol, debía construirse sin que importara quien fuera finalmente el propietario. Lejos quedaban los días en que Pujol se refería a De la Rosa como "empresario modélico y salvador de empresas".Macià Alavedra ya había paralizado la ejecución del aval de 10.000 millones de pesetas que el Parlamento catalán había concedido a Grand Península. Este aval pretendía incentivar el interés de los inversores por participar en un macroparque turístico, que ocuparía 243 hectáreas y albergaría una gran zona de atracciones y un gigantesco complejo residencial, con hotel y campo de golf incluido.

La paralización en la concesión de nuevos tramos del aval se producía a la vista de que De la Rosa no desembolsaba los 6.000 millones que tiene pendiente aportar en el capital de Grand Península, empresa encargada de construir el parque y de la que De la Rosa posee el 80%. Esto se sumaba a la negativa de la Administración central a conceder al proyecto créditos turísticos blandos por 15.000 millones por falta de confianza en el financiero. Alavedra, sin embargo, ya había avalado un primer crédito de 1.500 millones, sin que De la Rosa hubiera aportado ninguna garantía. Gran parte de este préstamo se ha destinado a la compra de terrenos. Ahora Grand Península se encuentra sin financiación clara.

Las largas de Alavedra

Alavedra emplea el mes de diciembre en dar largas a las demandas de más avales procedentes de De la Rosa y en entrar en contacto con una larga lista de empresas catalanas, como Aguas de Barcelona, Gas Natural o las cajas de ahorros, especialmente La Caixa. La propuesta es siempre la misma: Cataluña necesita el parque y es una inversión rentable, tan sólo se necesita un socio financiero estable y con recursos. Sin embargo, en casi todos los casos la respuesta es fría y nunca positiva. La. rentabilidad está en cuestión y, aunque no se trate del mismo proyecto, los posibles inversores no pueden dejar de mirar hacia el Eurodisney de París, cuyos resultados están muy lejos de lo esperado.Gracias a sus antiguas relaciones con FECSA, Alavedra entra en contacto con su presidente Luis Magaña y le ofrece entrar como socio en Grand Península. Cuando los medios de comunicación informan del interés de FECSA, que apenas conoce el proyecto, De la Rosa, que no ve necesarios nuevos socios, lanza un órdago: "Mi paquete vale 9.500 millones". Pocos días después rebajará sus pretensiones hasta 7.000 millones de pesetas.

Cuando la existencia de las negociaciones es pública la Generalitat y la eléctrica se esfuerzan por darle un contenido. Magaña comunica al Ministerio de Industria y a Fuster, la propuesta de la Generalitat: ENDESA y la también eléctrica Iberdrola controlarían el 90% de la inversión, con un 45% cada una, mientras que FECSA y la eléctrica alemana RWE (socia de ENDESA) se repartirían el 10% restante.

El sector público, sin embargo, es absolutamente reacio a la operación. Los consumidores españoles están pagando precios elevados por la electricidad, con lo que se Financian las costosas inversiones y las elevadas deudas de las empresas.

Dificultades

Según las mismas fuentes, la nueva ley eléctrica que prepara el Ministerio de Industria pretende limitar la diversificación de las empresas del sector y choca frontalmente con el hecho de que los beneficios obtenidos gracias a una rígida política de precios se orienten hacía otras áreas y no a reducir las deudas de las empresas. Fuentes próximas a Iberdrola, la parte privada del hipotético pool, han expresado también muy poco entusiasmo.La gran esperanza del turismo catalán se encuentra sometido a una nueva coyuntura critica. La multinacional Anheuser Busch no acaba de comprender por qué extraño maleficio una inversión que en 1988 parecía segura y sin complicaciones ha podido caer en una dinámica tan infernal. Primero, las protestas de los propietarios de los terrenos ante lo que interpretaban como maniobra inmobiliaria de carácter especulativo. Después la segregación de Vilaseca del municipio de Salou, que dio paso a una guerra municipal enconada que no permitió la creación de un organismo público único. Finalmente, el socio mayoritario del proyecto se ve arrastrado por las cuitas con sus antiguos socios, gracias a los cuales obtuvo el dinero necesario para aspirar a ser el padre del gran parque de atracciones de Cataluña.