Un conflicto de alcance político
Nada más conocer los movimientos de Alavedra en busca de socios para el parque de atracciones, Javier de la Rosa, muy inquieto, pidió hora de visita a Pujol. El financiero quería conocer de primera mano si la búsqueda contaba con su aprobación. Al día siguiente, encabezando una improvisada delegación de la Fundación Quail, que controla, acudió a la audiencia concedida por el presidente.Tal como él temía, abandonó los salones del Palau con la convicción de que el nacionalismo gobernante ya no consideraba necesaria su presencia en Tibigardens y se había olvidado que su participación en el proyecto fue requerida por la Generalitat en un momento de apuro. Las amplias sonrisas con que Pujol y De la Rosa intercambiaban hace menos de un año, al poner la primera piedra de las obras, ya no estaban presentes. El financiero, no obstante, afirmaba su voluntad de resistirse contra la pérdida de su socio político y dejaba claro que defendería su participación mientras pudiera.
El caso es que, por tercera vez en poco más de tres años, Jordi Pujol ha tenido que intervenir para impedir que la crisis lleve al conflictivo parque al precipicio. Los cambios de nombre del proyecto -Busch, cuando la multinacional Anheuser Busch comenzó la compra de terrenos, allá por el año 1989; Tibigardens desde que Javier de la Rosa adquirió en 1991 el 80% de Grand Península, la empresa promotora permanecen como referencia para todo el que quiera saber en qué manos ha estado el futuro de este proyecto cuyas cifras de inversión previstas alcanzan los 48.000 millones de pesetas en la primera fase.
Tibigardens, que espera abrir sus puertas en la primavera de 1995, es una de las grandes esperanzas para el futuro del sector turístico de Cataluña y también para el de buena parte de la costa mediterránea española. Las previsiones iniciales contemplaban que 40.000 personas diarias pagarían 3.200 pesetas. Pujol sabe que su imagen ante los electores sufriría un importante desgaste si el proyecto fracasa.
