Ensayo bajo sospecha
MARRUECOS ACUDIÓ el pasado 16 de octubre a las urnas para renovar los ayuntamientos de todo el país. A pesar de ser los quintos que se celebran en el reino desde su independencia, en 1956, estos comicios municipales habían despertado, por diversas razones coincidentes, algunas expectativas de renovación democrática en el sistema político. Su importancia radicaba, en primer lugar, en el hecho de que la convocatoria -efectuada de manera intencionada en el 17º aniversario de la llamada a la marcha verde- suponía el fin de un largo paréntesis político, iniciado en 1983 y que se había prolongado extraordinariamente como consecuencia del conflicto del Sáhara occidental. Pero, sobre todo, la trascendencia de estas elecciones se basaba en el hecho de ser una prueba o ensayo general de las legislativas que deberán convocarse antes de fin de año.Sin embargo, la transparencia y honestidad de la reapertura del proceso político han quedado gravemente dañadas por el inverosímil índice de participación del 97% alcanzado en el referéndum constitucional celebrado el pasado 4 de septiembre. Este referéndum ha puesto de manifiesto que la Administración marroquí sigue aviniéndose mal con los métodos democráticos: ha interferido escandalosamente en su desarrollo y ha utilizado todos los medios a su alcance, incluso los dudosamente legales, para lograr los objetivos señalados de antemano.
La honestidad de la reapertura democrática ha vuelto a ponerse en entredicho en la propia convocatoria de las elecciones municipales. La presencia de un frente electoral de carácter oficial, promovido por la Administración, ha pretendido frenar desde el poder las posibilidades de las formaciones democráticas de la oposición, coordinadas desde el pasado junio en una plataforma o kuthla democrática. La fórmula del frente oficial no es nueva en Marruecos; se había utilizado con éxito en consultas precedentes, especialmente en 1976, cuando las candidaturas denominadas independientes lograron el 64,43% de los votos y más del 50% de las concejalías, y en 1983, en que las mismas candidaturas lograron un tercio de los ediles de todo el reino.
Con estos antecedentes no ha sorprendido el resultado electoral del pasado viernes. Nuevamente, los llamados independientes, junto con dos partidos gubernamentales -Reagrupamiento Nacional Independiente y Unión Constitucional-, han logrado conjuntamente el mayor número de concejalías, el 49%, dejando para la oposición democrática sólo una cuota del 20%. Esta nueva maniobra lastra considerablemente la credibilidad del proceso de apertura política. El hundimiento definitivo del proyecto democratizador del reino puede producirse si se demuestra que ha habido irregularidades electorales, así como la corrupción que empieza a ser masivamente denunciada por los partidos de la oposición. Difícilmente la celebración de las próximas elecciones legislativas puede suponer la culminación de un proceso democratizador homologable. A no ser que la Administración decida dejar que éstas se celebren en libertad.
