La primera mutua pública suscita la guerra entre UGT y Gobierno por la privatizacion de la sanidad

La creación, sin conocimiento de los sindicatos, de Muprespa -primera mutua pública que, con un volumen de primas de 14.000 millones, agrupa a 220.000 trabajadores- ha abierto la guerra frontal contra la privatización de la sanidad, según se desprende de las declaraciones, de Apolinar Rodríguez, secretario de acción sindical de UGT. Ningún miembro de este sindicato negociará en los convenios colectivos medidas que supongan el desvío a las mutuas patronales de parte de la asistencia que ahora cubre el Insalud, como se recoge en algunas de las medidas propuestas por Julián García Valverde, ministro de Sanidad y Consumo. Entre las acciones previstas, UGT contempla la convocatoria de una huelga general.

El Ministerio de Sanidad afirmó ayer en un comunicado que no existe "proyecto privatizador alguno en relación al sistema nacional de salud", así como que en ningún momento "se ha planteado que Muprespa cubra la enfermedad común". Para UGT, en cambio, "es evidente que hay una intencionalidad del Gobierno de montar un modelo privatizado. Pero rebajar el escalón de la atención sanitaria va ser una batalla dura, la más dura de todas", subraya Apolinar Rodríguez, "porque la Seguridad Social universalizada se considera la, conquista más importante de una sociedad democrática".A este respecto, recuerda que una reforma de menor envergadura que la que piensa acometer el Gobierno español provocó en Italia una crisis de Gobierno tras la huelga general convocada por los partidarios de la asistencia pública. Previamente a esa crisis, la reforma quedó anulada. En España, el primer acto de esa batalla ya está teniendo lugar: "No habrá acuerdo sobre política de rentas si el Gobierno no garantiza la universalidad y gratuidad de las prestaciones de la Seguridad Social, haciendo firme su compromiso de evitar la degradación del sistema público y la prívatización", dice Apolinar Rodríguez.

'Buque insignia'

El responsable de acción sindical de UGT argumenta esa negativa a firmar el pacto de competitividad en que "los sindicatos no pueden mostrarse de acuerdo con el Gobierno y días después convocar una huelga contra la privatización". Rodríguez denuncia además que el debate sobre la sanidad está "trucado". "Se argumenta sobre modelos de gestión y no sobre niveles de atención, que es el problema de fondo", añade.

Muprespa ha sido presentada por sus gestores como la primera mutua para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las empresas públicas. Es decir, con una finalidad similar a la de las restantes mutuas, pero todas las fuentes consultadas coinciden en señalarla como el buque insignia fletado por el Gobierno para iniciar la privatización y desviar a la asistencia privada los 220.000 trabajadores que componen las plantillas de las empresas del INI, Tabacalera, Repsol, Ensidesa, banca pública y Telefónica, entre otras, tal y como se desprende de las declaraciones del ministro en las que se muestra partidario de aumentar conciertos con las mutuas patronales para que cobren mayor protagonismo en la asistencia. En la misma línea se pronunciará, según afirmó a EL PAÍS el propio ministro de Sanidad, la comisión parlamentaria, presidida por Abril Martorell, que diseña una reforma del sistema nacional de salud.

A esto hay que añadir un cúmulo de coincidencias que convergen en Muprespa, como el hecho de que esta entidad se gestó cuando el ministro de Sanidad era aún presidente de una empresa pública, Renfe. Parece además que García Valverde desempeña cierto papel en la mutua, ya que, según fuentes de su departamento, le ofreció un puesto destacado en Muprespa al ex subsecretario de Sanidad. A esto se añade que los estatutos de la entidad han sido elaborados por Eduardo Arrojo, ex presidente del Insalud, y, por último, que en el seno de la comisión Abril ha desempeñado un papel relevante Antonio García de Blas, director general de Política Económica desde 1985 a 1990. La mayor parte de las recomendaciones de la comisión Abril se apoyarán en el informe de García de Blas.